En 2007, previo al estallido de la crisis, las empresas obtuvieron, según la Central de Balances del Banco de España, beneficios récords. Aumentaron un 14,9% respecto al año anterior. Incluso en el primer trimestre de 2008 (ya instalada la crisis) los resultados de las empresas no financieras subieron un 8%, mientras que las financieras los disminuyeron, por primera vez, en un 1,5%. Con esos datos en la mano, Hacienda esperaba una recaudación en el impuesto de sociedades superior a la de 2006 o, como mínimo, similar. Pero no fue así: el impuesto sobre sociedades experimentó una brusca caída del 18%.

Son datos que hicieron públicos los inspectores de Hacienda ya en septiembre de 2008. La única explicación posible a ese fuerte descenso en la recaudación, aseguraron, era el incremento del fraude fiscal.

En solo dos años, 2008 y 2009, el impuesto de sociedades y el IVA cayeron más de 46.000 millones de euros. El IVA se recuperó, pero el impuesto de sociedades no, según ha asegurado esta misma semana Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE).

La primera explicación que se suele dar a la espectacular caída en la recaudación fiscal, insiste De la Torre, es que resulta inevitable porque en España se han destruido millones de empleos y porque la parte de la economía sumergida ha aumentado. Pero eso no explicaría lo sucedido en 2008. Además, la destrucción de empleo no disminuye los ingresos empresariales, sino los del IRPF y las cotizaciones sociales.

En definitiva, en España, el fraude fiscal ha aumentado y se concentra, según los expertos, en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales y en grandes fortunas personales. Las profesiones liberales o de servicios, en las que tan frecuentemente se centra la desconfianza de los ciudadanos, son responsables de entre un 20% y un 10% aproximado de ese fraude, lo que no es poco, pero que resulta menos relevante.

El por qué la legislación española en la lucha contra el fraude fiscal ha sido siempre tan tímida e ineficiente es una pregunta que deberían responder los sucesivos Gobiernos que han ocupado La Moncloa. ¿Por qué España dedica aún menos medios a la inspección tributaria que cualquier otro país de nuestro entorno? ¿Por qué se ha podido acumular una cantidad tan enorme (unos 50.000 millones de euros) de deuda tributaria pendiente de cobro sin que nadie reformara las leyes que lo permitían?

La respuesta a algunos de estos datos está en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, que fue aprobada el pasado miércoles en el Senado. Lamentablemente, la nueva normativa incluye reformas necesarias, solicitadas desde hace tiempo por los inspectores fiscales, pero deja sin resolver algunos problemas.

Por ejemplo, el cobro de deudas tributarias pendientes. Es cierto que corresponde a una reforma del Código Penal evitar la sorprendente situación actual, según la cual Hacienda cobra una deuda tributaria de 1.000 euros vía ejecutiva mientras que una deuda de cientos de miles pasa al limbo del “pendiente de cobro” durante años, mientras se resuelve todo el proceso.

Sucede que la reforma penal, que permitirá a Hacienda proseguir con el embargo ejecutivo sin esperar a la sentencia definitiva, está retrasada. Y, por supuesto, no afectará retroactivamente a esos famosos 50.000 millones que “duermen” ahora, empapelados, en los grandes despachos de abogados.

La ley tampoco va a resolver un problema que trae de cabeza a los inspectores: la obligación de cerrar, con carácter general, cualquier investigación fiscal en un plazo de 12 meses. Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un año, o deben cerrar el expediente. La investigación de la red china descubierta en Madrid llevó tres años, pero porque se inició como una investigación policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultados.

solg@elpais.es