Turquía y sus generales

Desde su llegada al poder en Turquía de la mano del partido islamista moderado Justicia y Desarrollo, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha hecho de la subordinación al poder civil de los generales una de sus prioridades. Con la reciente condena a 20 años de cárcel de los exjefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, hallados culpables —junto con más de 300 mandos, en activo y retirados— de intentar derribar hace casi una década al incipiente Gobierno islamista, Erdogan, revalidado el año pasado por una tercera victoria electoral, ha conseguido doblegar, aparentemente de manera irreversible, el poder político de unos militares autoproclamados garantes del laicismo y autores de cuatro golpes de Estado desde 1960. Otros cientos de sospechosos civiles y uniformados están procesados separadamente, acusados de crear la red golpista Ergekenon.

El juicio a los altos mandos ha dividido al país. Sus partidarios lo consideran un triunfo del imperio de la ley contra un estamento que amenazaba explícitamente la democracia. Sus detractores lo creen orquestado para decapitar a una cúpula militar contraria al copo islamista de las instituciones. Y añaden que muchas de las pruebas incriminatorias o son muy frágiles o han sido fabricadas.

Si el sometimiento castrense al poder de las urnas es un imperativo democrático, está por verse el efecto en unas Fuerzas Armadas como las turcas de la victoria de Erdogan, un político de talante autoritario cuyas credenciales son muy discutibles en otros ámbitos. El jefe del Gobierno, con aspiraciones presidenciales, mantiene encarcelados a casi un centenar de periodistas y empantanada una prometida y más democrática Constitución. Mientras, se radicaliza en la cuestión kurda (tras 28 años, el conflicto por antonomasia de Turquía) y acentúa la deriva religiosa de su Gabinete.

Turquía tiene el segundo ejército de la OTAN, después de EE UU, y esas fuerzas armadas, tan corporativistas como cabría esperar y monolíticas hasta hace poco, son un activo crucial para consolidarse como poder regional indiscutible. El veredicto del viernes podría comprometer su entendimiento con el Gobierno en un momento en que sobre la seguridad del país musulmán gravitan la escalada reivindicativa de los kurdos (más de 700 víctimas de ambos lados el año pasado) y la imparable guerra civil en la vecina Siria.