La tranquilidad de agosto en los mercados financieros no significa que los factores de incertidumbre que pesaban sobre el futuro de la eurozona a principios del verano hayan desaparecido. Han disfrutado, simplemente, de esa suerte de bálsamo que supusieron las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE) mostrando su disposición a adoptar las medidas que fuesen necesarias para asegurar “la irreversibilidad del euro”. La inconcreción apenas se ha reducido desde entonces. A la pretensión de articular un nuevo procedimiento destinado a intervenir en los mercados secundarios de deuda pública, previa solicitud formal de los Gobiernos afectados, le ha surgido una contestación en los países con las economías menos vulnerables a la crisis. La más relevante, como es lógico, es la proveniente de Alemania. Pero las autoridades finlandesas, por ejemplo, también han manifestado sus reticencias no solo a las operaciones ya adoptadas de apoyo financiero a algunos países, sino que han admitido considerar un escenario de salida de la Eurozona.

La fragmentación ya no tiene que ver solo con una eventual salida de Grecia, cuestión que se ha tenido en cuenta en esferas muy próximas al Gobierno alemán, sino la determinada por una economía como Finlandia, cuyo Gobierno teme cualquier apoyo financiero adicional o una mutualización de deudas en la Eurozona que pudiera vulnerar su actual posición financiera pública y las previsiones de sostenibilidad de su sistema de pensiones. La necesidad de apoyar con recursos públicos a economías como la italiana o la española abre escenarios que no cuentan con el apoyo claro en algunos Gobiernos de la Eurozona.

A la incógnita de cómo se articularían esa suerte de “rescates menores”, de nuevo cuño, se añaden otras de no menor significación para el futuro de la moneda única. La troika hará pública su posición sobre Grecia y, en todo caso, se tendrán igualmente que especificar las fases conducentes a ese horizonte de perfeccionamiento de la dinámica de integración en el seno de la Eurozona, el constituido por la unión fiscal, la unión bancaria, o la propia unión política. Entretanto, el tribunal constitucional alemán anunciará el próximo 12 de septiembre su decisión acerca de la creación del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) como sustituto del actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Que aquel haya sido ya aprobado por el Parlamento alemán no elimina en modo alguno la incertidumbre al respecto.

La particularización de las incógnitas en nuestro país se localiza en las circunstancias que rodean la solicitud de apoyo o rescate que muy probablemente acabe pidiendo el Gobierno. La precariedad de las cotizaciones de los bonos públicos emitidos por el Tesoro español, su nivel todavía excesivamente elevado, exige intervenciones directas o indirectas del BCE en esos mercados. Si para ello es necesario que el Gobierno se vea obligado a admitir la necesidad de apoyo externo, tendrá que hacerlo. Cuestión distinta han de ser las condiciones que impongan las autoridades europeas y la capacidad de las propias autoridades españolas para hacer valer los esfuerzos de ajuste ya realizados y su excesiva concentración temporal. La economía española ya no puede soportar más actuaciones contractivas de su crecimiento que hipotecan su recuperación.