Hemos leído el 22 de agosto, con asombro, en el diario que usted dirige, el artículo de Ana de Palacio sobre el asilo diplomático de Julian Assange, que equipara al caso Pinochetafirmando que el juez Garzón, en 1998, mantuvo una posición distinta sobre el asilo político.

La señora Palacio olvida que España —más exactamente su Poder Judicial— solicitó la extradición de Pinochet al Gobierno Blair porque el general chileno había ordenado la tortura, secuestro, muerte y desaparición de miles de seres humanos —algunos de ellos españoles— en una operación de exterminio que nuestro país tenía la obligación y la potestad de perseguir y juzgar.

A todas luces es descabellado comparar la conducta de quien ejerció la violencia masiva para la eliminación de la disidencia política, con los hechos atribuidos a Assange en Suecia. Los crímenes contra la humanidad que perpetró la dictadura chilena son imprescriptibles, es decir, no susceptibles de “olvido”, frente a los que no caben asilo ni inmunidad diplomática. Así lo señalamos en EL PAÍS los firmantes de esta carta (La humanidad contra Pinochet, publicada el 20 de octubre de 1998).

La señora Palacio olvida también que la actitud de Reino Unido sí fue entonces diferente a la que sostiene con Assange. Ha respondido, primero, ilícitamente, amenazando con violar una legación diplomática, amenaza no retirada —lo que la Unión Europea, a la que apela Palacio, no puede aceptar ni endosar— y, segundo, lícitamente, tratando de extraditar a Assange a Suecia. Sin embargo, entonces, exactamente el 11 de enero de 2000, Jack Straw, ministro británico, decidió no extraditar a España a Pinochet por su “deterioro en el estado de salud”.

El Gobierno español —su ministro de Exteriores era en aquel momento Abel Matutes, predecesor de Ana de Palacio—, después de mostrar muy poco entusiasmo por conseguir la extradición, tampoco alegó contra ni se opuso a la decisión del Gobierno Blair de liberar a Pinochet, un criminal contra la humanidad.— Diego López Garrido, diputado y catedrático de Derecho Constitucional, y Mercedes García-Aran, catedrática de Derecho Penal.