Nunca hubo, desde enero de 1962 cuando empezaron a recogerse estos datos, una proporción tan alta de personas y empresas con problemas para devolver sus créditos. Que la tasa de morosidad de la banca española haya llegado al 9,42% de los préstamos concedidos —unos 164.360 millones de euros que las entidades tienen muy difícil recuperar— es un indicio claro de los excesos del pasado, de la debilidad de la actividad económica y del impacto del paro en el presente. Pero estas cifras —otra estadística récord que se apunta la crisis— son también el resultado de un cambio estratégico del sector financiero frente a una situación crítica, obligado por el Gobierno. Y, sobre todo, por Bruselas.

Hasta hace bien poco, incluidos los primeros meses de la legislatura del Partido Popular, tanto el Gobierno como el Banco de España y las propias entidades bancarias compartían la idea de ir aproximándose de forma gradual a los previsibles estropicios ocasionados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La profunda desconfianza de los mercados en la economía de nuestro país, y en particular en la realidad oculta del sector bancario, y la presión de Europa han ido empujando el péndulo hacia el otro extremo: como bien simbolizan el decreto de mayo y la intervención de Bankia, de lo que se trata ahora es de hacer aflorar las pérdidas cuanto antes, y mejor si se hace de la manera más efectiva y transparente.

El volantazo ha llevado a varias entidades a reclasificar en la categoría de dudosos muchos de los créditos que antes consideraba sanos. A aumentar de forma vertiginosa las provisiones, a acumular pérdidas. Pero por mucho que se haya hecho hasta ahora, el repunte de la tasa de morosidad no acabará seguramente aquí: los expertos dan por descontado que rondará el 10% a finales de año.

La nueva estrategia tiene la virtud de que aflore de golpe buena parte de la herencia maldita que legó el exceso de crédito al ladrillo. Pero cambiar de caballo cuatro años después del inicio de la crisis tendrá graves consecuencias. Todo el proceso desembocará en una restricción del préstamo al sector privado que será mucho más intensa justo en el peor momento posible, en una recesión que se puede agravar. Y que, además, no tiene compensación posible en un sector público al que se obliga a una serie de recortes que, junto a las subidas de impuestos, ya están generando un grave malestar social.

Dentro de poco se harán públicos los datos de las pruebas de esfuerzo de las entidades financieras encargadas por el Gobierno, y serán las cifras que muestren estos nuevos tests las que determinen los fondos necesarios que se solicitarán a Europa para el saneamiento del sector. Sea como sea, y más allá de los excesos que el ladrillo ha legado a nuestra economía, el significativo incremento de los créditos dudosos que se han apuntado a particulares, pymes y autónomos da una inquietante pista de lo que viene.