Algunos pueden creer que las desavenencias en la llamada guerra del fútbol, cuya paz se firmó en la madrugada de ayer, responden única o prioritariamente a intereses comerciales de las diversas partes interesadas. Pero ya se ha explicado hasta la saciedad que han sido consecuencia de una intervención del poder político en el mercado, abusiva y dolosa, con el fin de sacar ventaja en la configuración de los grupos mediáticos de nuestro país. Dicho intervencionismo no conoce colores políticos. Primero fue el Partido Popular, en alianza con Izquierda Unida, quien convirtió legalmente al fútbol en cuestión de interés general con el fin de manipular el mercado en beneficio de sus intereses políticos. Luego el Gobierno del PSOE utilizó con inmoral descaro el método del decreto ley para favorecer a los amigos del presidente Zapatero. Dichas actitudes redundaron en perjuicios notables para el propio fútbol y para la ordenación del mercado audiovisual.

Si hace unos días reclamábamos la necesidad de que el Gobierno interviniera para poner orden en el caos generado y que lo hiciera con la neutralidad adecuada, hoy es preciso reconocer la tarea desempeñada al respecto por el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que no ha regateado esfuerzos ni tiempo en su tarea de mediador a fin de obtener un resultado satisfactorio para todas las partes interesadas.

Cuando es de veras el bien general lo que se persigue, huyendo del amiguismo y el clientelismo al que estábamos acostumbrados, se demuestra que la acción política es útil y productiva, como en este caso. De todas formas, los sucesos de la semana que acaba han servido para poner de relieve que es precisa una nueva ordenación de la Liga Profesional de Fútbol que contemple los intereses legítimos de todos los clubes, grandes y pequeños, y permita buscar un mayor equilibrio entre los equipos en juego, lo que redundará sin duda en beneficio de la competición y en una mayor satisfacción para los aficionados. Los acuerdos de este fin de semana pueden ser el inicio de una etapa más racional y coherente en el mercado de los derechos televisivos.