En Un alegato por España, que EL PAÍS publicó el pasado 21 de julio, sostiene Ana Palacio que, en España, “un área que necesita serias reformas es el mercado de trabajo”. Lo mismo había dicho en Bloomberg, la web de información financiera, el 17 de abril (Spain’s Wilting Economy Still Held in Franco’s Grip). Como entre ambas fechas ha mediado la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, desconocemos si todavía son precisas nuevas reformas.

Tanto en EL PAÍS como en Bloomberg, repite Palacio que “los cimientos de la actual legislación laboral española se remontan a 1938” y añade, contra toda evidencia histórica que “el sistema creado por el franquismo, ofrecía a los trabajadores seguridad en el empleo y unos sólidos derechos de negociación colectiva”. Así pues, la Constitución (1978), el Estatuto de los Trabajadores (1980) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (1985) no han introducido ruptura alguna entre 1938 y 2012.

La realidad fue muy otra: durante la dictadura franquista no existieron los derechos básicos que garantizan el ejercicio de la negociación colectiva (libre sindicación, huelga, reunión y manifestación). En su lugar hubo despidos, detenciones, torturas y cárcel para aquellos trabajadores que pretendían dicha negociación al margen del corsé represivo del régimen.

La estabilidad en el empleo, propia de las grandes empresas, convivió con la emigración exterior masiva, la expulsión de las mujeres del mercado laboral formal y el trabajo sumergido, poniendo de manifiesto la precariedad laboral de aquellos años. Resultó así imposible "mantener la concordia social a falta de democracia".

Seguro que Ana Palacio, exministra del Gobierno Aznar, exvicepresidenta del Banco Mundial y consejera de Estado, conoce todo esto. Lo que resulta inquietante entonces es por qué retuerce la historia en sus argumentos.— José Babiano Mora, Angel Duarte Montserrat, Carlos Forcadell Alvarez, Andreu Mayayo i Artal, Jordi Mir García y 10 firmantes más.