Las comparecencias sobre la crisis financiera en el Congreso de autoridades públicas y antiguos responsables de cajas están resultando de indudable interés. Cada una aporta algún elemento para entender parte de lo que sucedió. Pero todas en conjunto fracasan si lo que se pretende es componer un panorama completo de lo acontecido y, dentro de él, la atribución de responsabilidades. Ese fracaso es la consecuencia del formato elegido para el ejercicio y aún es reparable.

En vez de realizar un plan exhaustivo de comparecencias, el Congreso —es decir, la mayoría que lo controla— se ha dado por satisfecho con algunas presencias selectivas; el nivel de las preguntas se ha demostrado manifiestamente mejorable, de modo que los testimonios y novedades aportados por los comparecientes apenas han logrado pasar de la anécdota a la categoría. Especialmente porque todos han tratado de justificar su actuación, y muchos de ellos no han hallado mejor método que el declararse no responsables. El caso más chocante de banquero despistado es el del excopresidente de Novagalicia, Julio Fernández Gayoso. Si no tenía ninguna responsabilidad en la entidad ¿por qué aceptaba una retribución multimillonaria en forma de plan de pensión que ni siquiera cuantificó?

En otros casos, la responsabilidad saltaba de uno a otro, tal que en una partida de pimpón. El exgobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, asegura que no forzó la fusión Bancaja-Caja Madrid en Bankia; y el expresidente de esta, Rodrigo Rato, afirma que fue conducido a ella por el supervisor. De sus declaraciones se deduce que aquel fue más activo que simplemente tolerante; y que este, ya autoencaminado a la configuración de Bankia tras la fusión fría, asumió mucho más la decisión de lo que deja entrever al enarbolar el apoyo de diferentes auditoras en distintos momentos. Este es solo un pasaje —aunque clave— de la crisis: sirve para demostrar la necesidad de más detalle, de más comparecencias e investigación para, si conviene y sobre la base de los contrastes y los nuevos datos, requerir nuevamente a los ya comparecidos.

Porque el interés de los ciudadanos no es contemplar cómo se tiran los trastos a la cabeza unos a otros, sino saber con certeza qué ocurrió y por qué, en su calidad de contribuyentes, les toca deshacer los entuertos dejados por otros.