Salto hacia atrás

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, planea una reforma de la ley del aborto que, de acometerse, iría mucho más allá de lo en principio anunciado. Lejos de realizar unos cambios que, según sus palabras, serían los “más progresistas que haría en su vida”, Ruiz-Gallardón ha explicado ahora que no volverá a la ley de supuestos de 1985, sino que ni siquiera permitirá la interrupción del embarazo por malformación del feto, lo que significaría una involución de mayor envergadura que la mera derogación de la ley de plazos ahora vigente.

El ministro insiste en defender su reforma con un falso argumento jurídico, ya que da por sentado que el Tribunal Constitucional se ha expresado contra la ley de plazos, lo que no es cierto. Si lo fuera, sería innecesario que su partido mantuviera el recurso ante el alto tribunal. No es la única contradicción en la que incurre: dispuesto a legislar con el catecismo en la mano en contra de los principios que deben alentar a un Estado no confesional como el español, el ministro alega motivos éticos para defender la protección del feto con malformaciones, para el que exige el mismo derecho a la vida que el que está sano. Ser consecuente con tal ideario debería llevarle a la prohibición de cualquier supuesto de aborto, lo que clarificaría el panorama. De su mano, España sería una auténtica excepción europea y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad quedaría completamente cercenado.

Ruiz-Gallardón quiere decidir por ellas, pero con su fundamentalismo se regresaría a un veto absoluto que, según todas las experiencias analizadas, solo lleva a la clandestinidad y el sufrimiento sin reducir el número de abortos. El ministro debería recordar que ni la ley de 1985 ni la actual obligan a ninguna mujer a abortar y que la mejor política contra el aborto es una buena educación sexual y el acceso a la planificación familiar.