Condiciones europeas

Como contrapartida al acuerdo de rescate bancario, Bruselas, el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han puesto a España y a sus instituciones en situación de estricta vigilancia y control. Nada impide calificar las 32 condiciones financieras y fiscales contenidas en el memorando de rescate bancario como una intervención de hecho, aunque no formal, del conjunto del sector. Porque, además de las exigencias lógicas —y razonables— atribuibles al rescate (un ratio de core capital para la banca del 9% hasta 2014, límites a la venta de deuda subordinada, banco malo antes de un año, una legislación estricta que impida los abusos bancarios) o el recordatorio de las exigencias de política económica asociadas a la ampliación hasta 2014 de la obligación de reducir el déficit público al 3% del PIB (subida del IVA, supresión de deducción fiscal por vivienda, ajuste administrativo, presupuesto bianual), el Eurogrupo impone una revisión a fondo del funcionamiento del Banco de España, obliga a Economía a trasladar poderes sancionadores al banco y exige la creación de un supervisor independiente para la política fiscal.

Hay también buenas noticias, no menores: la aprobación del rescate bancario, la anticipación a este mes de 30.000 millones de hasta los 100.000 previstos, un plazo de devolución moderado (15 años) y un tipo de interés en torno al 4%. El Eurogrupo, en todo caso, deja claro que la troika (Comisión, BCE y FMI) controlará la operación de rescate.

El memorando dispone una reforma financiera más radical y atinada que la aplicada por el Gobierno: obliga a las cajas a que dejen de controlar bancos filiales y pide que se suprima la compatibilidad entre los consejos de administración de las cajas y sus bancos participados. Pero tiene además una lectura política. Los 32 puntos suponen, en el mejor de los casos, una rectificación de la tardía política económica del Gobierno destinada a garantizar la solvencia de la deuda y combatir la recesión. De las exigencias europeas se desprende que las reformas financieras puestas en pie por Economía se han quedado cortas, que los recortes en educación o sanidad no han servido para controlar el déficit (y por eso se reclama urgentemente una subida del IVA) y que la gestión de la crisis no tiene credibilidad suficiente como para inspirar confianza en los mercados y en los socios europeos. De ahí la exigencia de un supervisor fiscal independiente, la revisión en profundidad del Banco de España y la presencia trimestral de controladores presupuestarios y financieros.

Y no es de extrañar este déficit de credibilidad. La explicación del ministro Guindos al contenido del memorando insistía en que el acuerdo no implicaba condiciones macroeconómicas añadidas: cierto, porque basta con el recordatorio de las exigencias pendientes; como antes se confundió a los ciudadanos convirtiendo el rescate bancario en un préstamo “en condiciones extremadamente favorables” o de la misma forma que el presidente Rajoy maquilló la negociación con Bruselas al asegurar que él había presionado para conseguir el rescate. El Gobierno debería haber adoptado antes medidas que son necesarias y obligadas, en lugar de esperar a recibir las condiciones financieras y fiscales de la UE, de ocultar la gravedad de la situación y de desmentir, con poco éxito, el fracaso de las decisiones tomadas para combatir la crisis financiera y la recesión.

No caben más aplazamientos ni medias tintas. El presidente está obligado a explicar hoy en el Congreso las consecuencias del rescate y a sentar las bases de un plan de estabilidad para salir de la crisis, un plan que incluya decisiones firmes como las que figuran en los puntos del memorando de las condiciones de Bruselas.