Ante los drásticos recortes en educación, sería razonable pensar que todos los servicios sufragados con fondos públicos debieran verse afectados en mayor o menor medida. Pero, al tiempo que asistimos a una reducción considerable del presupuesto de educación, somos también testigos de la inyección de miles de millones de euros por parte del Estado a algunas instituciones financieras que han cometido flagrantes errores, y a las que no se les pide especiales requisitos para recibir una ingente ayuda de dinero público. Esto vendría a decir que el Estado dispone de crédito, pero ha decidido que es mejor destinarlo al salvamento de algunos bancos, antes que al sostenimiento de la educación pública.

Semejante decisión pone de manifiesto un desinterés por el sistema público de educación, que parece derivar de la falta de confianza en él por parte de nuestros gobernantes. Así lo ha dicho expresamente la portavoz de educación del partido en el Gobierno, Sandra Moneo. El propio ministro de educación se ha referido en varias ocasiones al hecho de que se ha invertido mucho en educación sin que se hayan visto resultados válidos, dando por hecho que se ha malgastado el dinero.

Más que obligados por la coyuntura económica, nuestros gobernantes parecen movidos por una decisión tomada de antemano para cambiar nuestro sistema educativo. Tal como sostiene el Nobel de Economía Paul Krugman con relación a las políticas de austeridad, “la recuperación económica nunca ha sido el objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla”. Así, no sería la crisis económica la razón primera de los recortes, sino que estos serían el acompañamiento coyuntural de una política educativa que no confía en el valor de la enseñanza pública. No estaríamos ante una reducción temporal del presupuesto educativo, sino ante una reforma educativa de largo alcance, cuyos rasgos distintivos serían la brusca reducción del gasto público asignado y la negativa a llamarla por su nombre.— Salvador Medina.