Sobre la economía mundial pende la amenaza de una nueva recesión. El principal foco de contaminación sigue localizado en la eurozona. Nunca antes fue tan corta la distancia a la combinación de una catástrofe financiera en toda regla con la profundización de la contracción de la economía europea. Es razonable que todos los asistentes no europeos a la reunión del G-20, en Los Cabos, México, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), estén presionando a las autoridades europeas y, en particular, al Gobierno alemán, con el fin de neutralizar esas amenazas de desestabilización global. Estas incorporan, en las vísperas de la reunión del G-20, las asociadas al desenlace de las elecciones en Grecia, el próximo domingo. Los agentes económicos de la eurozona y la amplia mayoría de los ciudadanos no salen de su asombro al observar la pasividad con que instituciones como el BCE observan las tensiones en los mercados de deuda y los riesgos sobre la viabilidad de la moneda.

El G-20 no podrá concretar el pretendido Plan de Acción para el Crecimiento y el Empleo o las más inmediatas acciones de coordinación de los principales bancos centrales del mundo sin que en la eurozona se adopten decisiones claramente interventoras en los mercados y neutralizadoras de las amenazas bancarias. Entre estas últimas los mercados de acciones en las últimas jornadas parecen descontar eventuales intervenciones concertadas con el fin de evitar desenlaces cercanos al pánico, como la retirada de liquidez de los bancos, no solo griegos. Con independencia de esa actitud al establecimiento de una red de seguridad que impida el colapso en algunos sistemas financieros, las decisiones más importantes deberán adoptarlas las autoridades europeas y las de las principales economías, con la alemana a la cabeza. Alejar los riesgos de males peores a los observados en los mercados de deuda pública es la más prioritaria.

La propuesta del Instituto de Finanzas Internacionales, con sede en Washington, que representa a los mayores bancos del mundo, se ha incorporado al conjunto de instituciones que reclama acciones en la dirección de mutualización, ya sea parcial, de las deudas del conjunto de las economías de la eurozona. Con independencia de ello, bien vendrían políticas orientadas a estimular el crecimiento. Algunas economías emergentes pertenecientes al G-20, China de forma destacada, disponen de margen de maniobra para la adopción de políticas expansivas, más allá de las señales monetarias ya enviadas. Con todo, debe ser Europa la que predique con el ejemplo.

No es posible entender a estas alturas de la crisis la oposición alemana a cualquier acción correctora de la inestabilidad de los mercados de deuda pública, de la mínima restauración de la confianza en la eurozona. La actitud contraria a adoptar decisiones conducentes a unión bancaria —una autoridad supervisora común, un sistema de aseguramiento de depósitos y fondos comunes para la recapitalización de los bancos—, o su mera supeditación a la formalización de la integración fiscal, pone en serio riesgo no solo la virtualidad del rescate bancario de España, sino la estabilidad de otros sistemas financieros del área. Y con ello, el conjunto de la estabilidad global: las amenazas ahora no son menores que las sufridas tras la quiebra de Lehman Brothers.