Tiempo de descuento

La violencia de la crisis financiera en España y las críticas al Gobierno de Rajoy por parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) incrementan la sensación de deterioro de las instituciones en España. No se ve salida a la crisis del euro, surgen dificultades serias en varios de los órganos sobre los que se asienta el entramado institucional del país y se corre el riesgo de que aumente la desconfianza política.

Se trata de un extraño estado de cosas solo seis meses después de las elecciones generales. Además de lo que pueda hacer Europa respecto a la crisis financiera, hay que restablecer rápidamente el normal funcionamiento de las instituciones en España.

Es evidente que el Ejecutivo actual da sensación de desbordamiento. Los resultados quedan lejos de las promesas electorales del PP, que había ofrecido su llegada al poder como elemento suficiente para provocar un cambio radical de tendencia. Rajoy dispone de mayoría absoluta y cuenta con la legitimidad emanada de las urnas, pero él mismo ha tenido sobrada ocasión de comprobar que eso no le basta para sacar al país de la crisis. Se necesitan más ayudas, incluidas las de los mejores expertos, la del primer partido de la oposición y, probablemente, las de CiU y PNV, que son corrientes políticas centrales en sus respectivas autonomías. Para contener el deterioro institucional, les toca pactar.

Particular importancia reviste la cuestión del Banco de España. No solo por la crisis del sistema financiero, sino por el empeño del PP en atacar al gobernador dimisionario y en persistir en el error de que basta un cambio de personas para recuperar “el prestigio perdido”. Esa estrecha mentalidad partidista sobra por completo y el jefe del Gobierno debería haberla cortado. No se trata de colocar a un amigo en el Banco de España, sino al más competente. Todo ello sin perder de vista el incierto camino esbozado por la Comisión Europea y por el presidente del BCE, en el sentido de constituir un sistema bancario a escala europea y centralizar la autoridad encargada de su control. La realización de esa hipótesis implicaría una cesión importante de soberanía nacional, cuando aún no ha emergido un poder económico europeo, pero en todo caso es una cuestión que implica a más de un partido político.

En el caso del Poder Judicial, se alude al consenso PSOE-PP, que precedió al nombramiento de los actuales consejeros y de su presidente, Carlos Dívar, como la prueba de un fracaso de los partidos. Una vez más, es necesario matizar: cuando se descubre que la solución adoptada ha devenido en un fiasco, a ellos les toca rectificar y alumbrar otra más competente. Algo similar puede decirse del Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros llevan años con el mandato caducado y han amenazado con tomar “medidas drásticas” si no se les renueva. Puesto que tales nombramientos corresponden legalmente a las cámaras parlamentarias, es exigible que resuelvan de una vez. El propio Congreso de los Diputados mantiene un perfil general demasiado bajo, con la mayoría resignada al papel de correa de transmisión del Gobierno, sin abordar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía; en especial el de la crisis de Bankia.

Para responder al evidente deterioro institucional se necesita un rearme del sistema democrático. Es difícil concebir a los partidos políticos como el instrumento necesario para corregir lo que ellos mismos se han encargado de llevar tan mal, pero eso es lo que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso para recuperar esa confianza que se va cuarteando en el proyecto de España.