Con la crisis, el suelo tiembla para muchos. Hasta ahora la Iglesia ha sido una excepción. Pero se multiplican las voces que reclaman acabar con el oasis fiscal y la financiación privilegiada de que goza y hasta Ayuntamientos conservadores ven en la extensión del recién acrecentado IBI una fuente con la que llenar sus arcas.

La jerarquía ha tenido por costumbre tapar su boato con la manta de la obra social. Y una institución con prestigio reconocido como es Cáritas ha sido usada para ese fin con el mensaje de que financiar a la Iglesia es financiar a Cáritas.

Debemos decir educadamente que lo anterior no es cierto. Basta leer los transparentes informes de Cáritas para comprobar que, al menos, en lo que respecta a financiación explícita, la aportación de la Iglesia no alcanza el 2% de su presupuesto, correspondiendo el resto a aportaciones públicas y particulares de la más diversa índole.

Por eso resulta chocante que el cardenal Rouco advierta que si la Iglesia se ve obligada a pagar el IBI la actividad de Cáritas se resentiría. De ser así estaría indicando que la jerarquía, aún sin aportar recursos, tiene capacidad de detraerlos, con lo que habría que pensar que quien aporta fondos a Cáritas pensando en su obra social estaría financiando, sin pretenderlo, a la Conferencia Episcopal. Esto pondría en riesgo una parte de los fondos privados que nutren a la benéfica institución.

Estos embrollos tienen, en el fondo, fácil solución, aunque haya quien vea sinecuras en riesgo. Que la separación entre lo público y lo privado sea nítida y que ninguna institución privada goce de privilegio alguno, de modo que cada palo aguante su vela. Laicismo, sin más.— Pedro García Castrillo.