Aulas en pie de guerra

La huelga secundada ayer por decenas de miles de profesores y alumnos de todos los niveles educativos es una clara señal de la frustración que están generando los recortes presupuestarios en el sector. Sin entrar en la habitual guerra de cifras, lo cierto es que la actividad quedó ayer muy reducida en casi toda España —la huelga estaba convocada en 14 comunidades—, aunque más en la universidades que en el resto de niveles educativos, y que los descuentos que van a seguirse de esta nueva protesta supondrán un tijeretazo adicional a los ya aminorados salarios de los docentes; un dato que conviene recordar para contrarrestar la frivolidad de quienes pretenden minimizar las protestas tildándolas de manifestaciones festivas de funcionarios irresponsables movilizados por meros motivos políticos.

No cabe duda de que hay cierta sobreactuación en la afirmación de que los recortes que están acometiendo las Administraciones suponen el desmantelamiento de la educación pública, pero es innegable que estos van a tener efectos preocupantes. Resulta como mínimo paradójico que los mismos que defienden los recortes de plantilla y las nuevas directrices gubernamentales, que impedirán contar con un profesor sustituto hasta que el titular supere los 14 días de baja, tilden de irresponsables a quienes paran por un día en fechas próximas a los exámenes.

La realidad es que el Gobierno central y la mayoría de los Gobiernos autónomos, urgidos por la imperiosa necesidad de reducir el déficit público, han puesto su mirada también en la voluminosa factura del sector educativo, y este va a sufrir el mayor y más rápido retroceso en muchas décadas, pasando en apenas cinco años de un gasto del 4,9% del PIB al 3,9%. Es un dato estremecedor para un sistema cuya calidad es deficitaria y que está necesitado de todo lo contrario: mayor inversión y mejor gestión.

No cabe esperar que una huelga —aun precedida por innumerables protestas— modifique al decisión de los gobernantes, pero sería conveniente que estos, ejerciendo el sentido de la responsabilidad que reclaman a los demás, sean capaces, al menos, de acompasar las medidas de contención del gasto con planes de optimización de recursos. Brillan estos por su ausencia, aunque es cierto que no es fácil reducir el impacto negativo de los recortes en el sector. En una población empobrecida, con 2,2 millones de menores de 18 años que viven en hogares que están por debajo del umbral de riesgo de pobreza, según el reciente informe de Unicef, elevar las tasas universitarias, reducir el número de guarderías, despedir a miles de profesores, aumentar el número de alumnos por aula o eliminar las clases de apoyo son medidas que van a generar una mayor desigualdad social. Son medidas también que van a erosionar la calidad de la enseñanza pública y amenzan con hipotecar el futuro de este país. Menospreciar las protestas por todo ello sí es una frivolidad.