Rigor autonómico

El compromiso de las comunidades autónomas en la política de saneamiento de las finanzas públicas, y más concretamente en el cumplimiento del tope al déficit cifrado en el 1,5% del PIB para este año, es una noticia que debería contribuir a reducir la tensión a que se ve sometida la deuda soberana española en los mercados internacionales. Pero como cada paso que se da en el ajuste del déficit descubre nuevas desviaciones en las cuentas públicas, resulta que la Comunidad de Madrid ha revisado al alza el déficit anunciado, que era del 1,1% del PIB y fue expuesto como un gran triunfo de la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre. El déficit real es unos 2.000 millones más elevado y se sitúa en el 2,2% del PIB. En situación parecida está Valencia, con una desviación al alza de 870 millones.

Estas imprecisiones o falta de rigor en la contabilidad autonómica obligarán probablemente a una nueva revisión del déficit público de 2011, elevado por el equipo económico de Rajoy al 8,51% del PIB. Estas desviaciones y errores, intencionados o no, no contribuyen a elevar la credibilidad de la economía española, dañada entre otras cosas por la confusión que existe en torno al déficit y deuda autonómicos.

En términos globales, el ajuste al que se comprometieron el jueves los Gobiernos autónomos, con el visto bueno del Gobierno, supera los 18.000 millones, cantidad superior a los 16.000 millones inicialmente calculados. Es un esfuerzo notable, asumido por todas las autonomías (incluidas las que exhiben Ejecutivos de distinto color al del Gobierno central), salvo inicialmente por una, la de Asturias, lo que lo dota de una muy buena carta de presentación ante nuestros socios de la UE y ante los mercados. Hay que reconocer al Gobierno el mérito de haber activado e intensificado la política de estabilidad.

También figura algún exceso y alguna carencia. Entre aquellos, las amenazas por vía de una mera nota de prensa a comunidades de Gobierno discrepante, como la asturiana. Entre las carencias, la dificultad de evaluar la exactitud de los programas de reequilibrio plurianuales, algunos de los cuales son exhaustivos y otros, más escuetos. La previsión de ingresos puede haber pecado de optimista, tanto por su componente fiscal, débil en etapa recesiva, como por el de las desinversiones, de inmuebles y empresas públicas. Y en cuanto a los gastos, la ausencia de memorias económicas ministeriales dignas de tal nombre para justificar los recortes sanitarios y educativos, deja los resultados de estos a conseguir por las autonomías, al albur de múltiples azares.

Así que las buenas noticias deben mejorarse. Para lograrlo, convendría repensar la arquitectura institucional de la recién estrenada ley. Pero en lo inmediato podrían introducirse mejoras por la vía práctica. Como los hispabonos o la creación de un consejo independiente que evaluase los programas autonómicos con total precisión, y un rendimiento de cuentas periódico y continuo al Senado, como Cámara de vocación federal que aún no es.