Construir y defender la Sanidad: Obama vs. Rajoy

Confieso que la primera vez que leí en Algo va mal de Tony Judt que la socialdemocracia debe hacer, sobre todo, una política de defensa de las instituciones que ha contribuido a crear creí que era un objetivo escasamente ambicioso. No soñar con un mundo mejor para defender las bondades del que tenemos me pareció entonces una consigna pobre, desprovista de pasión y de ilusión. Y, por ello, escasamente capaz de movilizar a la ciudadanía en busca de un proyecto político. Sin embargo, después de ver lo que está sucediendo en nuestro país y en algunos otros de la zona euro y compararlo con la reciente experiencia norteamericana de construcción de un modelo universal de salud, empiezo a pensar que defender lo que conseguimos después de muchos años de esfuerzo político e inversión pública puede llegar a ser una consigna casi revolucionaria.

En Estados Unidos no tienen una Constitución que diga, como dice la nuestra y otras tantas constituciones europeas que reconocen los derechos económicos y sociales, que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud. Y, por eso, andan dándole vueltas a si la reforma sanitaria que ha realizado Obama es o no constitucional. Como no se reconoce en lugar alguno de su Constitución que haya un derecho universal a acceder a la prestación sanitaria, la Administración de Obama ha creado una fórmula para que todos los ciudadanos y ciudadanas americanas tengan acceso a servicios de salud, cosa que hoy no sucede, ya que cerca de 40 millones de personas en ese país no pueden acudir normalmente al médico porque no tienen un seguro que les garantice esta prestación. Esa fórmula es el llamado “mandato individual”, que obliga a todos los ciudadanos a tener un seguro con una compañía privada que le pueda proporcionar la correspondiente cobertura médica.

Es curioso ¿verdad? En España hablando de cómo recortar la sanidad y la Administración de Obama intentando construir un sistema universal de salud, protegiendo así a esos 40 millones de ciudadanos que no tienen acceso a ella, con los “mimbres” que le proporciona un modelo constitucional liberal, que no reconoce más derechos que los civiles y políticos. Por eso tienen que acudir al mercado y obligar a todos los ciudadanos a entrar y estar en ese mercado de seguros médicos de las compañías privadas para garantizar el derecho a la salud.

Desde luego el debate jurídico ante la Corte Suprema ha sido apasionante. Ha habido, para empezar, algo que me parece envidiable: todas las sesiones han sido públicas, con lo que se han podido conocer públicamente los argumentos de quienes apoyan y quienes están en contra de la constitucionalidad del “mandato individual”. Un ejercicio de transparencia judicial que ya quisiéramos nosotros para las sesiones de nuestro Tribunal Constitucional. En cualquier caso, y por volver a los argumentos jurídicos, va a ser ciertamente complicado para los nueve jueces de la Corte Suprema (cuatro progresistas y cinco conservadores) hacer compatible la obligación de tener un seguro privado como medio de universalizar el derecho a la salud (que no es un derecho constitucional) con el valor absoluto que los norteamericanos dan a la libertad (que es la base de su Constitución).

No menos apasionante ha resultado el debate político. En esto pasa, hay que reconocerlo, como en nuestro país. Cada que vez que gobiernos progresistas pretenden dar un paso adelante en la construcción de nuevos derechos para los ciudadanos, en este caso un derecho universal a la salud, los políticos conservadores están en contra y, una vez que pierden las votaciones en los parlamentos, llevan el conflicto, que es fundamentalmente un conflicto político, ante los tribunales. En España esta ha sido una práctica tan habitual del Partido Popular en el pasado (matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley de igualdad, Ley del aborto, …) que ha convertido a nuestro Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara legislativa donde obtener la mayoría de votos que no se tiene en el Congreso y en el Senado. Aquí ha pasado lo mismo. Los republicanos entienden que la reforma sanitaria de Obama es inconstitucional y, por eso, han recurrido ante la Corte Suprema, mientras que los demócratas defienden la constitucionalidad de la reforma y apelan una y otra vez a los cerca de 40 millones de personas que no tienen garantizado en Estados Unidos el derecho a la salud, entre ellos, 19 millones de mujeres que están completamente fuera del sistema sanitario.

Hay que decir, si hablamos de política, que esta reforma es, ante todo, una política para las clases medias. En Estados Unidos, los muy ricos se compran los mejores servicios de salud en el mercado y los muy pobres o los mayores tienen garantizado el acceso a las prestaciones sanitarias a través de programas públicos (Medicare y Medicaid). Es, por tanto, la clase media la que puede tener más problemas de acceso a la sanidad porque su nivel de rentas no le permita asumir con una cierta comodidad económica el coste de un seguro médico, que no es, por cierto, nada barato (hay que pensar que, a pesar de que no tienen un sistema universal y público de acceso a la salud, los norteamericanos se gastan cerca del 18% de su PIB en sanidad).

Pues bien, es paradójico que, mientras todo esto sucede en Estados Unidos, en España estemos asistiendo prácticamente callados a un debate en torno a nuestra sanidad o, mejor dicho, a cómo el Gobierno del Partido Popular pretende ir desmontando las piezas básicas de nuestro sistema sanitario. Es verdad que vivimos una crisis económica sin precedentes, pero también Estados Unidos está en crisis. Es más, la reforma sanitaria de Obama se aprobó en los momentos más duros de ella. Porque la salud no es un problema de dinero, es un problema de opción política. De saber cuáles son los logros sociales que hay que preservar a pesar de las graves dificultades económicas. Y es claro que la sanidad que hoy tenemos es uno de esos logros.

Nosotros no necesitamos, como los norteamericanos, inventar nada. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, y, entre todos, hemos ido construyendo un sistema sanitario público, universal y de gran calidad, que no deja fuera a nadie pero que protege especialmente a las clases medias. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, claro que sí, mucho dinero y mucho esfuerzo, pero hoy en España nadie tiene que hacer cuentas ni consultar su saldo en el banco antes de ponerse enfermo, porque sabe que, si eso le pasa, nadie le pedirá un cheque para hacerle una radiografía u operarle de cáncer. Es esta tranquilidad, que nadie nos ha regalado, sino que hemos ido ganando a base de voluntad política y esfuerzo financiero, la que está en este momento en juego.

Así que, al final, Tony Judt tenía razón. Con los tiempos que corren, donde la crisis económica sirve de pretexto para casi todo, defender la sanidad pública, universal y de calidad que tenemos, proclamando alto y claro que este logro social no se lo puede llevar la crisis y que, si el Partido Popular intenta acabar con él, nos tendrá enfrente, es un acto político valiente y muy progresista.

Mari Luz Rodríguez, exsecretaria de Estado de Empleo, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.