EDITORIAL

Responsabilidad

La crisis de Bankia exige una investigación creíble y el consenso entre Gobierno y oposición

El descubrimiento de un desfase de miles de millones de euros en Bankia ha precipitado la nacionalización de esta entidad y ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el PSOE. De nuevo asistimos a un cruce de acusaciones partidistas sobre un campo de ruinas, ante los ojos estupefactos de los ciudadanos y la nerviosa atención de los mercados. Desde luego que la nacionalización de la cuarta entidad financiera española necesita una completa explicación de lo sucedido ante el Parlamento. Esa explicación tiene que ser creíble y, además, aportar soluciones. Ninguna otra institución es más adecuada para ello que el Parlamento, al igual que hizo el Congreso de EE UU respecto a la crisis financiera de 2008, mediante una comisión de investigación.

La cadena de errores cometidos en Bankia se remonta a la fuerte implicación de políticos del PP en la gestión tanto de Cajamadrid como de Bancaja, las dos principales entidades fusionadas en Bankia, víctimas de una masiva indigestión inmobiliaria cuando sus patrones eran Miguel Blesa y José Luis Olivas, respectivamente, y de su utilización para las muy discutibles políticas de inversiones que convenían a los presidentes de sus comunidades autónomas. Pero, a la hora de enfrentarse al problema, la primera equivocación política fue el desafortunado criterio de fusiones impulsado por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Nunca debió aceptarse la fusión entre Cajamadrid y Bancaja, porque no eran complementarias y acumulaban un peso insoportable de activos tóxicos. La vía de las fusiones era un rodeo muy largo hacia el saneamiento de los balances bancarios, cuando se necesitaban acciones más urgentes y directas. En todo caso, solo podían ser eficaces si el supervisor hubiera impuesto las concentraciones de activos más adecuadas, pero el Banco de España fue incapaz de hacerlo.

El segundo gran error se cometió con el proceso de salida a Bolsa de la entidad, hace 10 meses. Su origen es claramente político. La Secretaría de Estado de Economía propuso un sistema perverso de incentivos: las entidades que salieran a Bolsa podían presentar un balance con un 8% de capital de primera calidad; las que no, debían alcanzar el 10%. Bankia salió al mercado en plena sequía de capitales y con casi toda la suscripción fiada a la captación de minoristas a través de las oficinas de la entidad. La acción de Bankia se ha depreciado ya en un 45%. Pero también hay que apuntar errores de gestión atribuibles al expresidente del banco, Rodrigo Rato. No procedió a la limpieza del Consejo de la entidad resultante de las fusiones ni acertó en el nombramiento de un equipo de gestión competente. A su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, se le supone un mejor conocimiento del oficio de banquero.

El primer partido de la oposición exige una explicación por el uso de dinero público en el rescate de Bankia que, si bien no muy distinto de las prácticas aplicadas en otras cajas, resulta espectacular por el volumen de activos, sus 10 millones de clientes y la tajante negativa de los auditores a firmar las cuentas de 2011. Pero Bankia no es solo un banco: revela una situación catastrófica en el corazón del sistema financiero español, y esto no es un problema que pueda resolverse en la dinámica cortoplacista del enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Alfredo Pérez Rubalcaba pidió ayer pactos sobre crecimiento, cohesión social, reforma financiera, consolidación de las autonomías y renuncia al uso partidista de las instituciones, para superar la "angustiosa" situación de España. Mariano Rajoy debería salir de su silencio y del corsé de la mayoría absoluta parlamentaria para encabezar el consenso que se necesita para sacar a España del profundo bache en que se encuentra.

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