El Ejecutivo español, en boca de su ministro de Industria y Energía, no ha dudado en calificar la nacionalización de YPF por parte de la Argentina de flagrante arbitrariedad que causa una gran indefensión e inseguridad jurídica a los inversores del país latinoamericano.

Se olvida no obstante de recordar el grave precedente de flagrante arbitrariedad e inseguridad jurídica en materia también energética que recientemente, el propio Gobierno español, provocó a miles de incautos inversores que también erróneamente decidieron un día confiar en la seguridad jurídica de España e invirtieron aquí en renovables.

Me refiero, obviamente, a la decisión unilateral del Ejecutivo de recortar las primas legalmente comprometidas al sector, que dejó a la estacada, y en muchos casos provocó la ruina, a muchos pequeños inversores que hicieron su apuesta energética no en lejanas latitudes, sino en el propio territorio español.— Anna Maria Goula. Barcelona.