El caso de los ERE fraudulentos ha subido un escalón más en el ámbito de responsabilidad de la Administración andaluza. El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, máximo responsable administrativo de esas ayudas a empresas en crisis, Antonio Fernández, ha seguido el camino de la cárcel tras su subordinado Javier Guerrero, director general de Empleo en esos años.

La juez Mercedes Alaya justifica la prisión preventiva en la gravedad de los delitos —entre otros, malversación y prevaricación continuadas, por los que aventura hasta 18 años de cárcel—, en el riesgo de huida de Fernández con su familia y en su posible dedicación a destruir pruebas. Podrían haberse evitado esos riesgos con medidas cautelares igual de efectivas, pero más en consonancia con el carácter excepcional de la prisión preventiva.

El relato que hace la juez del modo de conceder las ayudas tiene trazos tan inquietantes —la absoluta discrecionalidad, la falta de fiscalización y de verificación de su destino y la motivación amistosa, bien personal, familiar o política, de su concesión— que cuesta creer en su realidad. Pero los indicios que aporta hacen verosímil que lo más increíble pudo suceder nada menos que durante 10 años. Si la raíz está en el convenio marco que puso en marcha el fondo de los ERE en 2001, diseñado, según la juez, para eludir cualquier control, no solo Fernández y el resto de imputados estarían afectados; también las instancias políticas de la Junta de Andalucía que no se enteraron o lo consintieron.

La juez apunta a responsabilidades más altas al referirse a los "superiores" de Fernández, y señala la supuesta complacencia de los servicios jurídicos de la Junta como futuro objeto de investigación. Solo un milagro podría haber evitado que al reclamo del panal de rica miel de 700 millones de euros no hubieran acudido, teniendo tan a mano su disfrute, las moscas más golosas y avispadas del entorno.