La solución Lagarde

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se sumó ayer a las filas de quienes sostienen que la restauración de los balances bancarios debe ser el objetivo prioritario de las políticas económicas en Europa, con el fin de restablecer el crédito para financiar la recuperación de la economía. Al mismo tiempo, Lagarde defendió ayer la opción de que el Fondo de Rescate Europeo participe directamente en la estabilización de los balances bancarios. La inyección directa de dinero, por recapitalización o a través de liquidez, permitiría restablecer de forma más rápida y eficaz la confianza en el sistema financiero y atajar la crisis interminable que aqueja a la banca europea.

La idea expuesta ayer por Lagarde es un reconocimiento de que las vías indirectas orquestadas por la eurozona, sea en términos de capital o de liquidez, han tenido resultados mediocres. Las dificultades se pueden explicar claramente acudiendo al caso español. El Gobierno ha determinado que el saneamiento acelerado de cajas y bancos exigirá unos 50.000 millones que, corregidos de muletas contables y financieras, acabarán reduciéndose a unos 35.000 millones. Esta nueva ronda de saneamiento puede financiarse cargando la cuenta en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), pero el caso es que sus disponibilidades no alcanzan para cubrir ni el 10% de la cantidad requerida. Podría girarse a los acreedores, pero tendría efectos perversos sobre la credibilidad del sistema. El sector público no debería afrontar semejante coste, por razones obvias y porque, además, tendría que aumentar todavía más su deuda y ello perjudicaría a la estabilidad exterior. La opción de que sea el Mecanismo Europeo de Estabilidad el que limpie los balances bancarios parece no solo atractiva, sino la menos onerosa, con la ventaja añadida de la credibilidad que confiere la participación de una institución europea.

La inyección directa de capital no podría considerarse una intervención de un sistema nacional si se aplica a las entidades europeas que lo necesiten. Quedaría por discutir cuáles son las contraprestaciones exigidas a cambio de esa operación europea, más perentoria cada día que pasa si se quiere ofrecer a los ciudadanos europeos alguna expectativa razonable de salir de la recesión.

El FMI está siguiendo con especial atención la situación española. No es sorprendente su escepticismo sobre el cumplimiento del objetivo de déficit. El Fondo calcula que la meta de estabilidad (3% de déficit sobre PIB) no se alcanzará en España hasta 2018, augura que el crecimiento sustancial no volverá hasta 2017 y viene a sugerir que esta es una década perdida para la sociedad española. Le asiste la razón en los dos primeros puntos, porque resulta improbable que una economía reduzca su déficit en cinco puntos de PIB en una fase de recesión prolongada. A tenor de la tasa de desempleo, en especial el juvenil, la hipótesis de una década perdida, con una intensa caída de rentas y pérdidas de bienestar, se hace cada vez más verosímil.