Desinvertir en educación

Se ha dicho muchas veces que invertir en educación es invertir en futuro. Pues bien, en el enésimo incumplimiento de las promesas electorales del PP a cuenta de la crisis, el recorte de 3.000 millones en educación primaria y secundaria anunciado el lunes por el ministro José Ignacio Wert no solo va a truncar las posibilidades de mejora de las que dependía la capacidad del país para asumir los retos de la sociedad del conocimiento, sino que va a suponer una regresión a parámetros y condiciones que creíamos superados desde hacía mucho tiempo.

Por la forma en que se va a aplicar, el recorte supone, en la práctica, desinvertir gran parte del esfuerzo hecho en los últimos años. El número máximo de alumnos por aula pasará de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en la secundaria obligatoria; los centros solo podrán pedir un interino para cubrir una baja a partir de 10 días de falta, y se elimina la obligación de ofrecer en cada centro al menos dos de los tres tipos de bachillerato existentes (normalmente se imparten ciencias y letras). Si el recorte va a concretarse, como se ha anunciado, en reducir las plantillas en una cuantía que aún no conocemos, pero que puede ser importante, y en sobrecargar a los docentes con más horas lectivas, más alumnos por clase y la sustitución de sus compañeros enfermos, ¿cómo se puede afirmar, como hizo el ministro, que eso apenas va a afectar a la calidad? Solo hay que acudir a las hemerotecas para comprobar cómo la reducción de esos parámetros y la posibilidad de que los docentes dispongan de más tiempo para actividades de refuerzo y preparación se han presentado por sucesivos Gobiernos de uno y otro color como elementos clave de mejora del sistema. Si ayer eran una mejora, su retirada no puede ser presentada hoy como algo neutro para la calidad.

La crisis obliga, ciertamente, a racionalizar y a tratar de optimizar, con medidas organizativas, los recursos disponibles. Pero no es eso lo que presentó el ministro a los consejeros de Educación, sino un recorte lineal que cada autonomía tendrá que administrar como pueda. La forma en que el ministro anunció a los consejeros el plan, sin un triste documento o una memoria que cuantifique su impacto, puede ser considerada además una falta de respeto en la que nunca debió incurrir el titular de una cartera que se llama Educación.