Serio aviso

La calidad de la gestión económica de un Gobierno seguramente no ha de evaluarse solo por lo que rezan las cotizaciones de los mercados financieros, pero es evidente que el español hace semanas que viene perdiendo la confianza de los inversores. Los títulos de deuda pública aumentaron ayer su diferencial frente a la referencia alemana, al tiempo que las acciones de los bancos siguieron sufriendo. Ello ocurre menos de un día después de que el Gobierno anunciara nuevas decisiones de recorte presupuestario, por 10.000 millones de euros, en educación y sanidad. También se producía horas después de que el Gobierno sacrificara la posibilidad de consenso con el principal partido de la oposición en el respaldo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, hiciera la sorprendente propuesta de vaciar el Estado autonómico para ahorrar. Por si había pocos problemas, Aguirre contribuye a enredarlos más, y además lo hace en un momento particularmente inoportuno.

El Gobierno de Rajoy anunció en un plazo muy reducido tres conjuntos de reformas de alcance —en materia presupuestaria, laboral y financiera— y está dispuesto a sacrificar aún más el potencial de crecimiento y el bienestar de los ciudadanos, en aras de conseguir el beneplácito de las autoridades alemanas y los mercados financieros. Pero estos parecen quedar insatisfechos con inmolaciones tales, e inquietos por otros centros de atención. En todo caso, no parecen saludar las actuaciones que con más precipitación que visión de conjunto lleva a cabo el Ejecutivo, ni la falta de coordinación.

A los operadores en los mercados financieros no les gusta la combinación de dos ausencias: la de crecimiento económico suficiente y la de confianza de los agentes económicos. La confianza en las autoridades es una de las condiciones necesarias para disponer de cierta perspectiva en la adopción de decisiones de inversión. Y esta última es el fundamento del crecimiento. Ambas están erosionándose a un ritmo demasiado rápido.

Al tiempo, el Gobierno no procura el mínimo consenso con otras formaciones políticas en las decisiones de mayor calado estratégico, como las vinculadas al saneamiento financiero y a la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento económico. En las circunstancias actuales, convenir en aspectos centrales de la política económica, en aquellos de proyección plurianual, es una forma de fortalecer la seriedad que ha de proyectarse tanto dentro como fuera de España. Esa mínima cohesión política sería igualmente una buena condición para aumentar la eficacia de las actuaciones gubernamentales ante las autoridades comunitarias, con el fin de adecuar a objetivos creíbles las decisiones cada día más inalcanzables de ajuste presupuestario. También para que las instituciones, hoy en situación de interinidad algunas de ellas, recuperen el predicamento perdido en la gestión de la crisis.