La gestión cuenta

Los servicios sociales españoles no solo tienen un nivel de gasto en relación con el PIB muy por debajo del resto de Europa, sino que presentan escandalosas diferencias entre las comunidades autónomas. Así lo demuestra un pormenorizado estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Para valorar la situación de cada comunidad, se han considerado diferentes parámetros en tres grandes apartados: la normativa, el esfuerzo inversor y la cobertura efectiva que reciben los ciudadanos. A este último parámetro se le otorgan cinco de los diez puntos en liza porque de nada sirve tener una legislación ambiciosa si luego no se aplica. Pues bien, el informe resulta demoledor: el desarrollo global de los servicios sociales en España apenas alcanza una puntuación de 4,7 y presenta un grado de disparidad alarmante, lo que significa que no garantiza la igualdad de acceso.

Las desigualdades no son únicamente consecuencia del diferente esfuerzo inversor, sino también —y esto es lo más llamativo— de la eficacia de la gestión. Así, en gasto por habitante y año se observan diferencias tan acusadas como la que va de los 773 euros que gasta el País Vasco a los 119 de Baleares; o la que va entre el 2,74 del PIB que gasta Castilla-La Mancha al 0,5% de Baleares. Pero el índice final no depende solo de la inversión, sino de su gestión. Y aquí las diferencias son clamorosas. Contra lo que podía esperarse, las comunidades que tienen mayor desarrollo —y gasto— no son las que presentan mayor déficit público. País Vasco y Navarra se encuentran entre las que logran mejor puntuación (6,7 y 6,5 respectivamente) y en cambio tienen bajos niveles de déficit. Podría pensarse que el régimen foral del que se benefician tiene que ver con ello, pero tal argumento queda atenuado por el hecho de que las otras dos comunidades que comparten con ellas la mejor nota —La Rioja (6,7) y Castilla y León (6,9)— son de régimen común. En sentido contrario, entre las que tienen peor nivel de desarrollo figuran Valencia (0,8 puntos sobre 10) y Canarias (1,8), y en cambio figuran también entre las que presentan un déficit público más desbocado. Son todos estos datos que las administraciones públicas debieran analizar con detenimiento.

La suerte de muchos ciudadanos, precisamente los más vulnerables o que sufren de manera más acusada los envites de la crisis, no depende solo del gasto en servicios sociales, sino también del grado de eficacia en la organización y gestión de esos servicios. Extremadura, que hace un considerable esfuerzo inversor (354 euros por habitante y el 2,19% del PIB) alcanza una puntuación de 4,2, mientras Castilla y León, con 300 euros por habitante y 1,36% del PIB, alcanza un notable 6,9. Si en algún momento es necesaria la inversión en servicios sociales es en tiempos de crisis, pero no basta con invertir. Es preciso garantizar una gestión eficiente de los mismos.