Transparencia, sí... O no

Qué suerte. España va a tener una Ley de Transparencia como mandan los cánones no escritos de los países más democráticos y desarrollados. El anteproyecto de ley está ya en la web del Ministerio de la Presidencia. Basta entrar en www.mpr.es para encontrarlo. Y ahí está. Al alcance de cualquiera. Son solo trece folios de texto legal que el Gobierno de Rajoy espera completar con las aportaciones ciudadanas. También cualquiera puede enviar sus comentarios. Eso sí, no tendrá acuse de recibo ni sabrá si es el primero o el decimosexto que plantea el mismo tema. Tampoco sabrá si la participación es alta o baja. En realidad es un misterioso buzón de ignoto destino.

Pero no conviene ser tan agorero. España tendrá una Ley de Transparencia que obligará a las Administraciones públicas a responder a las cuestiones de los ciudadanos. O no. Porque si no hay respuesta en un mes prorrogable a dos, entonces es que la Administración se ha acogido al tradicional silencio administrativo.

El proyecto del Gobierno obligará a las Administraciones a publicar sus contratos y subvenciones. O no. Porque si no lo hacen tampoco hay nuevos mecanismos para reclamar. El ciudadano puede hacerlo, pero también puede obtener la callada por respuesta.

Según este proyecto, los Gobiernos locales, autónomos y nacional deben ser transparentes en su gestión, pero las excepciones para aportar información son tan ambiguas que los amantes del secretismo podrán seguir gobernando tranquilos. Podrán alegar —aunque el proyecto no les obliga a dar explicaciones— que se ponen en riesgo "los intereses económicos y comerciales", por ejemplo. Dirimirá los asuntos, eso sí, una Agencia Estatal de Transparencia que, por supuesto, no será independiente. La presidirá una persona nombrada por el ministro de Hacienda.

Cualquier proyecto en favor de la transparencia será una mejora en el opaco sistema español y este lo es. Pero en el proyecto actual hay tantas excepciones, imprecisiones y lagunas que el resultado parece una broma de gusto dudoso. Los ciudadanos tienen quince días (Semana Santa incluida) para enmendarlo. O no.