Romper el ocultismo

España podría dejar de ser durante esta legislatura una anomalía europea. De contener las recomendaciones básicas de organismos multilaterales como el Consejo de Europa, la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a presentar el 17 de abril sería un importante paso adelante en la profundización de la democracia española. En esa línea han avanzado democracias similares. Solo una devastadora crisis económica y los altísimos índices de descrédito de los políticos parecen haber sido capaces de romper las resistencias de Gobiernos de uno y otro color. Todos se han opuesto hasta ahora a otorgar a los ciudadanos el derecho que les pertenece de tener cumplida información de la actividad de sus representantes y de cómo estos administran el dinero público que se les ha confiado.

No es una cuestión menor. La transparencia en la gestión pública es la mejor herramienta de la que disponen los ciudadanos para ejercer un control real de la política. Votar cada cuatro años no es suficiente para colmar las expectativas de una sociedad democrática avanzada. La arraigada cultura española del secretismo hurta a los contribuyentes este derecho esencial y solo sirve para favorecer la corrupción y el mal gobierno; fenómenos ambos que resultan sin embargo imposibles de ocultar a una ciudadanía cada vez más crispada por la crisis económica.

El anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó por dos veces incumplido su compromiso electoral de sacar adelante una ley que obligara a las Administraciones a aportar a los ciudadanos la información requerida sin necesidad de que este justificara su petición y siempre y cuando los datos no pusieran en riesgo la seguridad nacional. Su anteproyecto de ley, acorde con los estándares internacionales, quedó, sin embargo, aparcado sin las debidas explicaciones.

España necesita una ley de transparencia que rompa la cultura del ocultismo. Es una demanda social extendida a la que han dado voz el Movimiento 15-M y algunos partidos políticos, como UPyD e IU. La democracia española se ha dotado durante las tres últimas décadas de Administraciones locales y autónomas, supuestamente más próximas al ciudadano, que han extendido la misma opacidad que imperaba en la política nacional. Resulta intolerable que a los españoles se les niegue el derecho a conocer las listas de espera de sus hospitales, los índices de calidad de los centros educativos, los contratos que firma una Administración o los informes medioambientales que se elaboran y pagan con dinero público.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene en el anteproyecto de ley del anterior Ejecutivo una buena base sobre la que trabajar. Utilizarlo iría en contra de la habitual inercia sectaria de la política española, pero sería una magnífica señal de buen gobierno y de gestión de los recursos públicos; justo lo que la futura ley debería promover.