Sanidad en caída libre

La asistencia sanitaria pública está cayendo en un estado de deterioro en el que todavía no ha tocado fondo. La Organización Médica Colegial ha roto su tradicional discreción para dar la voz de alarma sobre una situación crítica que perjudica, según sus propias palabras, a “los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos”. Pese al aumento de la presión asistencial, en solo dos años se ha reducido un 10% el gasto per capita. Las consecuencias de tales recortes son preocupantes: escasez de material básico como mantas, vendas y gasas, listas de espera en aumento, cierre de quirófanos, desvío de enfermos con capacidad adquisitiva a centros privados, reducciones de plantilla y malestar entre el personal sanitario.

La calidad asistencial corre el riesgo de quedar erosionada hasta límites hasta hace poco insospechados para un sistema bien valorado por su universalidad y su eficiencia, responsable, entre otros, de que España se sitúe entre los primeros países del mundo en índice de desarrollo humano. La amenaza de los laboratorios de exigir el pago al contado a los hospitales es una buena prueba del peligro que acecha al sistema. Farmaindustria, la patronal del sector en España, calcula que los impagados en medicamentos suman ya 8.300 millones de euros. Los centros públicos tardan una media de 525 días en pagar los suministros de fármacos. Los farmacéuticos de distintas comunidades llevan meses protestando por la tardanza de la Seguridad Social en pagarles los medicamentos que dispensan.

Si es inevitable meter la tijera en la sanidad pública, piedra angular del Estado de bienestar, como parece el caso ante la grave situación de las finanzas públicas, sus gestores tienen la obligación de ser extremadamente escrupulosos y explorar vías de ajuste que no repercutan en la calidad del servicio. Algunas de ellas están sobre la mesa, si bien se aplican con una exasperante lentitud, como el mayor uso de medicamentos genéricos o establecer una central de compras.

Otros datos indican que se está optando por una estrategia que agrava el deterioro de la prestación. El más inquietante es la defensa por el Partido Popular de la gestión privada por considerarla más eficiente para ofrecer un servicio que, dice, sigue siendo público por gratuito. Una muestra de las consecuencias de tal axioma es el inaceptable caso —investigado por la Generalitat catalana solo tras la denuncia de la prensa— del hospital de La Seu d’Urgell, cuyas instalaciones usan los facultativos para atender por las tardes a sus pacientes privados o a los desviados de la colapsada atención pública. Otra muestra es el avance de los fondos de capital riesgo como gestores de centros públicos de salud. Esos fondos, que forman un oligopolio en España, tienen un único cliente —el servicio público de salud— y beneficios de los que no parece que estén sacando provecho ni el ciudadano ni las arcas públicas.