El juez deja en libertad a los 12 detenidos en el caso de corrupción de Ciutadella

Doce personas han prestado declaración desde el martes hasta la madrugada de ayer como imputadas en la Operación Xoriguer, destapada por la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. Todos los inculpados están ya en libertad, encausados por supuestos delitos de malversación de caudales, falsedad y prevaricación. En el caso se indagada la presunta adjudicación irregular de proyectos y obras de promoción turística y mejoras urbanas desde el ente autónomo local Turismo Ciutadella (Citur). Se sospecha sobre el manejo irregular de partidas de fondos públicos que suman 600.000 euros, en contratos menores y fraccionados.

Los principales sospechosos, para la acusación, son el ex alcalde del PP, Llorenç Brondo (gobernó entre 2003 y 2009); el ex responsable de Turismo y actual concejal Gabriel Cardona, un ex concejal que fue responsable de Urbanismo, Avel.lí Casasnovas. Los tres, tras pasar por los calabozos y declarar ante los fiscales y la juez figuran estan en libertad al igual que otra concejal Antònia Salord.

Gabriel Cardona y Avel.lí Casasnovas se han quedado sin pasaporte y con la obligación de comparecer dos veces al mes en los juzgados. Casasnovas, ex líder del PP local, ex parlamentario balear y ex consejero insular, tiene pendiente un juicio en el que le piden 18 meses de cárcel por la compraventa supuesta ilegal de un solar público.

Tres empresarios y gestores de planes y obras del ente Citur, Javier Liy, Daniel Aguiló y Manuel Mercadal fueron detenidos y han quedado imputados. Hasta cinco empleados públicos de Ciutadella declararon ante los fiscales y la unidad de la Guardia Civil que ha indagado este caso. El período investigado alude a la etapa de gestión del PP, entre 2003 y 2009, hasta la moción de censura que acabó con la mayoría conservadora a causa de la fractura del del PP local.

El PSOE gobierna en Ciutadella de Menorca en una alianza con nacionalistas. Tras el vuelco político de 2009 -provocado por la ruptura interna del PP-, se formó una comisión de investigación municipal para analizar supuestas actuaciones delictivas en la gestión anterior. El pleno votó las resoluciones sobre expedientes cuestionados y trasladó el informe a la justicia. Un concejal populista de Ciutadella, Joan Triay, de Unió des Poble, que dirigió la comisión, formuló meses después una querella criminal por el caso. La Fiscalía Anticorrupción articuló posterioremente una denuncia penal, tras las indagaciones efectuadas por los equipos de la Guardia Civil.