Pepe quiere a Teodoro

Ahora que recordamos el aniversario del 23F, un grupo de diputados españoles decidió remitirse a los clásicos y realizar una visita a Teodoro Obiang, consejero delegado de Guinea Ecuatorial desde hace más de tres décadas gracias a un golpe de estado. La comitiva estaba comandada nada menos que por el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que nos dejó la perla del viaje: "Es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa".

Cierto, nos unen muchas cosas (muchos millones, más bien; en concreto los que han invertido empresas como Repsol o Unión Fenosa).Pero también nos separan algunos detalles. Por ejemplo, la preocupante manía de Teodoro de encarcelar, torturar y asesinar a sus oponentes políticos. Los crímenes del régimen han sido denunciados de forma repetida por ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Esta última destaca en su informe más reciente la celeridad con la que cuatro reos (previamente secuestrados en Benin) fueron ejecutados el pasado mes de agosto. Se ve que el carácter expeditivo de su sistema judicial también es un asunto que nos separa.

Con todo, estos crímenes son parejos a los que ocurren en muchos otros países de la zona, que no es precisamente la Riviera. Donde Teodoro Obiang brilla con luz propia es en el latrocinio de los recursos públicos. Guinea Ecuatorial se ha convertido, tras Angola y Nigeria, en el tercer productor de crudo de la región. Las exportaciones de este producto suponen un 95% de los ingresos del país, cuya renta media per capita se ha disparado hasta los 35.000 dólares anuales: un poco por encima de la española y justo por debajo de la danesa. Aunque, a diferencia de los daneses, los guineanos viven atrapados en condiciones medievales, con una esperanza de vida de 51 años y una mortalidad infantil del 15%.¿El misterio?: la expatriación sistemática de recursos públicos a cargo de Teodoro y su gang, que dejan a Mobutu y a Ben Ali en la categoría 'amateur' (la Comisión del Senado de los EEUU sobre este asunto se reunió bajo el edificante título "Manteniendo la corrupción extranjera fuera de los EEUU: cuatro estudios de caso").

Para hacer frente a problemas como este, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) convoca desde 2003 a gobiernos, compañías y ONG que operan en países ricos en petróleo, gas o minerales. Su propósito es simple: garantizar la transparencia tanto de los pagos que realizan las compañías extractivas como de los ingresos que obtienen de estas industriaslos gobiernos. La transparencia constituye el primer paso de cualquier esfuerzo para poner esos recursos al servicio del interés público. A pesar de las dificultades (y el desembarco de compañías chinas en este sector no es una de las más pequeñas), 31 países productores y 50 grandes compañías han avanzado ya en la introducción de los estándares de la Iniciativa. 300 ONG (agrupadas en su mayoría en la campaña Publiquen lo que Pagan)ofrecen testimonio a pie de obra de la aplicación de estos criterios, cuyos informes son publicados de forma periódica. Guinea (¿lo adivinan?) fue expulsada de la iniciativa el año pasado.

En el intrincado mundo del desarrollo internacional, donde complejas variables económicas y geopolíticas se cruzan de forma impredecible, algunos puntos de partida están bastante claros. No ir por ahí abrazándose con cleptócratas de gatillo fácil es uno de los principales. No es que José Bono, Gustavo de Arístegui y Josep Antoni Durán Lleida hayan sido los primeros en bailarle el agua a un personaje como Teodoro (véase el bochornoso asunto del Premio UNESCO-Obiang por las Ciencias de la Vida, o el discurso del Ministro Moratinos que colgó Ramón Lobo en una espléndida entrada sobre la visita), pero su viaje sienta un nefasto precedente para la actividad parlamentaria en este campo. Más allá de los intereses energéticos y del esfuerzo por retener a los emigrantes en sus playas, España carece de una política exterior definida hacia África, y ese es un intolerableángulo ciego de nuestra posición en la lucha contra la pobreza. Si lo mejor que puede hacer el Parlamento para cambiar esta situación es un viaje de cortesía, vale más que se queden en sus casas.