Sexo de pago en plena calle junto al mercado de La Boqueria

Comerciantes y vecinos de Barcelona protestan ante el ejercicio de la prostitución en la zona

BERTRAN CAZORLA | Barcelona 1 SEP 2009 - 05:02 CET

La dueña señala un condón usado junto a su tienda de bolsos. Esta vendedora, que opta por el anonimato, trabaja en La Boqueria, el mercado más célebre de Barcelona y uno de sus principales atractivos turísticos. Lo primero que tiene que hacer cada madrugada cuando abre es deshacerse de los restos que han dejado noches muy movidas: el mercado de comestibles se convierte cuando se hace oscuro en "una casa de citas" según el presidente de los tenderos, Manel Ripoll. Las prostitutas prestan sus servicios, por escasos 20 euros, entre las columnas que rodean la Boqueria, que ofrecen un escondite muy precario de La Rambla adyacente y siempre abarrotada de turistas.

En esos porches se refugian, entre carteristas y vagabundos que duermen, las prostitutas más degradadas de la ciudad, aquellas que no disponen de un piso para trabajar o que no pueden competir en las inmediaciones del Camp Nou, el otro foco clásico de prostitución en Barcelona, junto al Raval. Jóvenes africanas -muchas víctimas de la explotación- y, especialmente, travestidos latinoamericanos aprovechan los muchos recovecos oscuros y escondidos de la zona sur del Raval.

Y eso que la Boqueria es "una zona donde el tránsito de alimentos es continuo, por lo que las condiciones de salubridad tienen que ser óptimas". No fue uno de los vendedores quejumbrosos quien resumió de forma tan certera el problema, sino Carles Martí. Era 2003 y ejercía de edil del distrito de Ciutat Vella. El hoy primer teniente de alcalde de Barcelona anunció entonces que cerraría los porches de noche, y le aplaudieron los comerciantes.

Seis años y una ordenanza cívica después no ha cambiado nada en ese lugar. Los políticos municipales siguen dándole vueltas a la norma, que prevé multas para quien ofrezca y demande sexo en la calle. Mientras discuten si ahora debe regular la libertad de los paseantes a vestirse como quieran, la ordenanza fracasa noche tras noche en La Rambla.

"Es vergonzoso. Las niñas hacen de todo entre las columnas y los camiones de mercancías", dice la dueña de un puesto de quesos. A media mañana, entre turistas despistados y comerciantes ajetreados aún se ve alguna jeringuilla junto a la terraza de algún bar. Y cuando los puestos cierran, aún quedan embalajes de preservativos por los rincones. "Es mi desesperación como presidente", se lamenta Ripoll.

Poco puede hacer ante este panorama la encargada de hacer cumplir la ordenanza, la policía local. Un portavoz cuenta que las prostitutas se van a otras zonas del barrio cuando las persiguen en La Rambla. Y vuelven a esa vía cuando las van a buscar allí. Así indefinidamente.

"No se puede atacar el fenómeno con presión policial", opina Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona: "Hasta que no se regularice la prostitución no vemos ninguna posibilidad de influir de forma efectiva en el fenómeno", explica. Hasta entonces, prosigue, habrá prostitutas en la calle.

Así que ni ordenanzas ni policías. Hacer posible que las prostitutas puedan constituir "cooperativas" para habilitar "espacios autogestionados" y escapar así de la precariedad es la receta que propone Fernández. "El problema es que la normativa municipal hace muy difícil abrir un local de este tipo en el Raval", añade.

Y eso que en el barrio los hay y los ha habido. Los evocó en su obra Manuel Vázquez Montalbán, que creció allí, los retrató Josep Maria de Sagarra, que se adentró en la zona durante su juventud burguesa, y los recuerda Maria Casas, presidenta de la asociación de vecinos Taula del Raval. "Antes había meublés y bares con un reservado, y esas mujeres convivían con los vecinos", narra.

Aún se ve alguna de esas viejas trabajadoras por la calle de Robadors, pero ya hace tiempo que la mayoría ha sido sustituida por las jóvenes inmigradas, que no sólo se prostituyen, sino que también roban y se pelean entre ellas por los clientes. "Es su cuerpo y pueden decidir qué hacen con él. Se debe diferenciar entre ese derecho de las personas y el incivismo, la violencia y la agresión", dice Casas, que también reclama espacios para que estas trabajadoras puedan abandonar la calle.

Otras soluciones al problema pasan por el urbanismo. "Estaría muy bien dar más licencias para tener una zona de terrazas, como en la plaza Reial", apunta Oti Pérez. Tiene uno de los pocos restaurantes que hay en los porches y se ve obligada a cerrar cuando anochece y las prostitutas y los ladrones se adueñan de la zona.

Sin entrar en esa posibilidad, el Ayuntamiento señala ahora que afrontará el problema cuando reforme la plaza de la Gardunya. Este espacio al que todos los edificios colindantes dan la espalda y que alberga un aparcamiento será objeto de la última gran intervención de las que ha sufrido el Raval en los últimos decenios. La reforma ha arrancado este año, y deberá acabarse en 2012. Ripoll confía en que entonces se atienda su demanda de cerrar los porches. Mientras tanto, los comerciantes deberán seguir rociando con agua y lejía el suelo cada mañana, antes de transportar a sus tiendas los comestibles.

Cuatro años de fracaso

- Diciembre de 2005. La ordenanza cívica de Barcelona se aprueba en diciembre de 2005 y entra en vigor en enero de 2006. Prohíbe la mendicidad, la venta ambulante y todo tipo de actos incívicos. La prostitución callejera está prohibida si supone una invasión del espacio público o se produce a menos de 200 metros de un colegio. Las sanciones previstas por ofrecer o pedir sexo en la calle son de entre 300 y 750 euros para el cliente y para la prostituta.

- Enero de 2006. Montserrat Tura propone en enero de 2006, siendo consejera de Interior, regular "los servicios sexuales a cambio de remuneración". La prostitución sólo sería posible en locales con licencia, gestionados por las propias trabajadoras en régimen de autogestión o en establecimientos alquilados a terceras personas. Los clientes estarían obligados a utilizar preservativos y los meublés llevarían registro del carnet de identidad de los clientes. El proyecto queda en nada por falta de acuerdo dentro del propio tripartito.

- Junio de 2006. A los seis meses de la entrada en vigor de la ordenanza, el Consistorio hace un primer balance. Se habían impuesto 2.030 sanciones por prostitución; 760 fueron para prostitutas sancionadas por ofrecer sus servicios a menos de 200 metros de un centro escolar; 518 clientes fueron multados por demandar los servicios. La mitad de los clientes pagó la multa en el acto. Sólo 23 sanciones eran por la realización del acto sexual en la calle. Estas multas oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.

- Datos de 2007. En 2007, último ejercicio del que hay datos, el Ayuntamiento barcelonés impone 2.937 sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública; 874 recaen en clientes. También se impone un centenar de sanciones por ir desnudo, a partir de una denuncia ciudadana ya que la ordenanza no lo prohíbe y se recurre a multar por ofender las convicciones y pautas sobre la convivencia.

- Diciembre de 2007. En 2004, el Consistorio dio cuatro años a los prostíbulos para que se adaptasen a la nueva norma de burdeles. En diciembre de 2007, les concede una moratoria de un año. Hay entonces 202 prostíbulos: 176 no han hecho obra alguna y 26 se han adaptado a la normativa municipal. En ellos trabajan 4.000 personas y se estima en 20.000 el número de prostitutas repartidas entre los locales, pisos y la calle. Un año más tarde, en diciembre de 2008, anula la ordenanza por la imposibilidad de hacerla cumplir. Sólo rige para los locales de nueva creación. Los antiguos basta con que soliciten la licencia, en el caso en que carecieran de ella. La nueva normativa de prostíbulos lleva al cierre de 18 meublés; 13 lo hacen de forma voluntaria al recibir la notificación de que no tienen licencia y 5 son precintados. A otros 14 se les abre expediente por idéntico motivo. La ordenanza municipal obliga a los locales de alterne a no lindar con pisos de vecinos y estar lejos de centros de enseñanza, instituciones públicas e iglesias.

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