Bruselas pide a España acabar con las ventajas fiscales de sus puertos
La Comisión Europea reclama que a partir de 2020 paguen el mismo impuesto de Sociedades que el resto de empresas
La Comisión Europea ha reclamado a España este martes que termine con el régimen tributario favorable de que disfrutan sus puertos, exentos del pago del impuesto de Sociedades en sus principales fuentes de ingresos: las tasas portuarias y los contratos de concesión. Bruselas cree que esas ventajas son una forma de ayuda de Estado incompatible con las reglas europeas, y llama al Gobierno español a acabar con ellas antes de que acabe el año.
"Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos", ha advertido la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Las reglas son aún más laxas en el País Vasco, donde los puertos están totalmente exentos de abonar el impuesto de Sociedades. La Comisión Europea estima que esos beneficios dañan la libre competencia con las infraestructuras de otros países que no reciben el mismo trato y pugnan en el mismo mercado interno por ganar cuota, dejándoles en inferioridad de condiciones.
España recibió la primera advertencia al respecto en abril del pasado año. La propuesta de este martes de equiparar el impuesto de Sociedades de los puertos al que pagan el resto de empresas es el segundo paso de ese proceso. Pero si no se toman medidas, seguirá su curso: Bruselas abriría en ese supuesto una investigación para aclarar si las exenciones cumplen las normas comunitarias. En caso contrario, puede exigir a España a hacerlo bajo amenaza de sanciones.
El caso de España no es el único. La Comisión ha pedido a Italia que termine con exención total del impuesto de Sociedades de que gozan sus puertos. Y años atrás exigió lo propio a Holanda, Bélgica y Francia. Además, Bruselas está analizando la situación de estos equipamientos en otros países del continente.
La Comisión cree que las normas actuales ya conceden el suficiente margen a los Estados miembros para contribuir a la financiación de los puertos, por lo que ve excesivo sumarles privilegios fiscales. Los países de la UE pueden invertir hasta 150 millones de euros en puertos marítimos y hasta 50 millones de euros en puertos interiores sin verificación previa de la Comisión, así como asumir los costes de dragado y vías navegables de acceso. "Los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos", añadió Vestager.
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