¿Pueden los pensionistas lograr que las pensiones suban más del 0,25%?

Los pensionistas están indignados y algunos han empezado a salir a la calle para exigir condiciones y subidas más dignas. Miles de jubilados salieron ayer a la calle en decenas de ciudades de España para protestar por la raquítica subidas aplicada a sus pensiones para este año, que como los anteriores, se limitan al 0,25%. Aunque había movilizaciones convocadas en casi toda España, las más llamativas fueron las de Madrid —porque se realizó a las puertas del Congreso y algunos pensionistas lograron incluso pasar la barrera de seguridad que lo rodea— y la de Bilbao, por ser la más numerosa. Muchos jubilados parecen haber lanzado un órdago al Gobierno. ¿Lograrán que subidas superiores para 2019? El sistema actual de revalorización se lo va a poner difícil, en especial mientras siga paralizado el acuerdo en el Pacto de Toledo.

¿Quién ha organizado las protestas?

Las protestas de ayer tienen múltiples convocantes. Entre ellos, aunque no en todas las ciudades, están los sindicatos mayoritarios, que llevan meses convocando movilizaciones. Por ejemplo, en septiembre y octubre -en pleno auge del conflicto catalán convocaron marchas que recorrieron toda España y confluyeron en una manifestación en Madrid el 9 de octubre. A mitad de enero anunciaron que iban a continuar con las movilizaciones. Las próximas estaciones llegarán el 1 y el 15 de marzo. 

UGT atacó en una rueda de prensa con dureza la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en 2017 y que las prestaciones de estos hayan subido este año, como los cuatro anteriores, un 0,25%. “Con perdón, es una subida de mierda”, dijo la responsable de pensiones del sindicato, Mari Carmen Barrera, al presentar una campaña contra esta situación. Pidieron lucir un lazo de color marrón, como signo de protesta “por la subida de este año”.

Sin embargo, no solo los sindicatos mayoritarios han agitado la indignación. De hecho, la movilización de ayer parte de una asociación que se llama Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. A ella se fueron adhiriendo asociaciones y sindicatos, aunque no de forma homogénea en toda España. Por ejemplo, en Madrid, Bilbao o Asturias sí que participaron también los sindicatos mayoritarios. No lo hicieron en Barcelona, donde la Guardia Urbana cifró la participación en 400 personas.

¿Por qué las pensiones solo suben este año un 0,25% ?

Tradicionalmente en España las pensiones subían lo mismo que el IPC. Este sistema garantizaba que no hubiera pérdida de poder adquisitivo, ya que las pagas subían lo mismo que los precios cada año. La vinculación de la marcha de las pensiones y los precios se rompió en la reforma de pensiones desde 2013. Ya al año siguiente subieron un 0,25%. ¿Por qué? Se aplica el Índice de Revalorización de las Pensiones que se creó en esa reforma.

Este índice revaloriza las pensiones en función de la salud financiera de la Seguridad Social mediante una compleja fórmula que toma los ingresos y los gastos a lo largo de un ciclo de 11 años, con dos límites: las prestaciones nunca podrán subir menos del 0,25% -aunque la fórmula de un resultado menor o negativo- ni más de lo que suba el IPC más medio punto porcentual.

La Seguridad Social lleva en un déficit creciente desde 2011, hasta llegar a más de 18.000 en 2016 y, probablemente, en 2017. Esto ha hecho que la subida sea del 0,25% desde 2014. Es cierto que el propio Índice de Revaloración permite que las pensiones suban más de lo que lo hacen si el sistema recibe más ingresos, pero eso obligaría a un esfuerzo adicional cada año de 25.000 millones, según la Autoridad Fiscal.

La pensión máxima pasó este año de 2.573,7 euros al mes en 14 pagas a 2.580,13 euros a partir. La mínima de jubilación para mayores de 65 años, de 605,1 a 606,6 euros. Según informó el Gobierno, se actualizaron 9.584.189 pensiones contributivas, 545.960 no contributivas y 194.874 prestaciones familiares, además de 633.415 pensiones de clases pasivas (funcionarios). El coste total de las revalorizaciones es de 332,37 millones de euros.

¿Han perdido poder adquisitivo en 2017?

En 2017, los pensionistas perdieron poder adquisitivo. La inflación media de los precios fue del 2%, frente a un incremento de las prestaciones del 0,25%. Es decir, el retroceso fue de 1,75 puntos. Esta situación volverá a repetirse en 2018 si se cumplen las previsiones de IPC de las casas de análisis que recoge Funcas, el 1,6%, o la del Banco de España, 1,5%.

¿Han perdido poder adquisitivo con la crisis?

Sí, aunque la cifra varía según el momento al que se remonte el cálculo y qué se incluya en este. Lo que es indudable es que con el último Gobierno de Mariano Rajoy lo han perdido. 

Si se toma la inflación media anual, entre 2007 y 2017, y se compara con las subidas aplicadas cada año por los distintos gobiernos, las pensiones sufren una pérdida del entorno del 2,2 puntos. Sin embargo, si a ese cálculo se le añaden también las subidas de pensiones mínimas que aprobó Zapatero, se puede concluir que la capacidad adquisitiva de media se mantuvo. Cuando se estrecha el foco, y se mira el periodo de 2012 en adelante, se puede concluir que bajo el mandato de Mariano Rajoy, los jubilados han perdido un 1,4 puntos de poder de compra.

¿Afecta más o menos según la comunidad autónoma?

Tener mejor pensión no está relacionado directamente con el lugar de residencia sino con lo cotizado. El sistema de pensiones español es básicamente contributivo, es decir, el pensionista cobra en función de lo cotizado y las cotizaciones se pagan —por trabajadores y empresarios— según los sueldos. Esto supone que aquellos trabajadores que han tenido mejores empleos y durante más tiempo, lo que se llama mejor carrera de cotización según el argot empleado por los expertos en pensiones, tendrán, como norma general, mejores pensiones. Por tanto, la relación entre pensión y territorio está vinculada a la situación histórica del mercado laboral en cada lugar (desempleo y salarios) y no a una diferente regulación ni a distintos tratamientos para cada comunidad autónoma, provincia, comarca o ciudad.

¿Están más afectadas las mujeres que los hombres?

La explicación territorial sirve para el género aunque con matices. Como las pensiones están vinculadas a las carreras de cotización y los hombres las tienen mejores, son ellos los que tienen mayores prestaciones. No obstante, España ha recibido algún toque de atención de instancias internacional que señalan que la redacción literal de la norma no es discriminatoria pero sí que se convierte en discriminación por la situación de hecho. Esto sucedió en 2013, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea primero y el Tribunal Constitucional después, tumbaron el mecanismo de acceso a la pensión contributiva de quien había trabajado a tiempo parcial y lo hicieron por ser discriminatoria en un mercado laboral en que las mujeres son una clarísima mayoría entre quienes trabajan media jornada.

¿Se esperan subidas mayores los próximos años?

En principio, no. Desde que en 2014 se activó el Índice de Revalorización de las Pensiones, la subida por encima del 0,25% es muy complicada, porque vincula las actualizaciones de la prestación a las cuentas de la Seguridad Social, y no son buenas. Desde que está en vigor solo ha dado subidas del 0,25%. Incluso así, hasta ahora la pérdida de poder adquisitivo no ha sido dramática, porque la inflación ha estado muy baja. El problema es que para los próximos años se espera que el IPC sea más robusto. La Autoridad Fiscal ya ha advertido de que el actual sistema de revalorización podría suponer alzas de solo 0,25% durante muchos años, probablemente al menos hasta 2022. Lo que en principio aboca a las pensiones a ir perdiendo peso respecto al salario medio.

¿Puede el Pacto de Toledo cambiar la situación?

Sí. El Pacto de Toledo es la subcomisión parlamentaria que aborda los temas de pensiones y pacta unas recomendaciones que luego sirven de guía para abordar las reformas de la Seguridad Social. En estos momentos están en conversaciones para renovar esas recomendaciones. Sin embargo, no hay avances significativos que lleven a pensar en un acuerdo rápido.

¿Puede ser más fácil que suban las pensiones en año electoral?

Preguntado por las movilizaciones de los pensionistas, Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, ha señalado hoy que "el derecho de huelga es un derecho de todos" y ha defendido que el Gobierno trabaja para que se cree más empleo y así el sistema sea sostenible. "Al Gobierno no le preocupan las pensiones porque haya elecciones. Le preocupan porque es un elemento fundamental del Estado de Bienestar, y es un derecho", ha señalado ante la pregunta de si, dado que el próximo es un año electoral, puede influir en la decisión de elevar más las pensiones. "En España las pensiones públicas están garantizadas", ha zanjado.