Abertis descarta un acuerdo con el Estado para prolongar la concesión de la AP-7

La compañía de infraestructuras Abertis no contempla poder alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Fomento para alargar su concesión de la AP-7, que vence entre 2019 y 2021, para solventar el conflicto por el que el grupo reclama al Gobierno 1.495 millones de euros por la caída del tráfico en esa vía. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón recientemente a esa aspiración de la compañía. “Sea cual sea la cantidad que resulte en la cuenta de compensación, no creo que pueda traducirse en una fórmula automática de alargamiento”, ha afirmado este lunes el presidente de la compañía, Salvador Alemany. Uno de los motivos por lo que la concesión no podría renovarse lo constituyen, a su juicio, las “resistencias” sociales que hay en España ante la tarificación de “las vías de gran capacidad”, al contrario de lo que sucede en otros países en los que Abertis está presente, como Francia o Italia. A punto de que empiecen a vencer algunas concesiones de la compañía, Alemany ha instado a las administraciones a “replantear” cómo se financiarán las autovías en el futuro.

La primera batalla de la guerra entre Abertis y Fomento por la compensación de la AP-7 se saldó a favor de la compañía catalana, aunque el ministerio anunció su intención de recurrir el fallo. Preguntado durante una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas sobre si llegaría a un acuerdo con Fomento para solventar el contencioso a cambio de prolongar su concesión de la AP-7, Alemany ha sostenido que ve “complicado” un eventual pacto con el Ejecutivo central, aunque se ha mostrado abierto a negociar.

Según Alemany, esa dificultad para alargar las concesiones se debe a varios motivos: primero, porque “Bruselas no es nada proclive” a este tipo de pactos; segundo, porque el Estado todavía no ha actualizado su modelo de financiación para las autovías de gran capacidad, y tercero, por el rechazo social a la tarificación de las vías que hay en España. "Creemos que el efecto social de un alargamiento de la concesión no sería nada deseable, ningún político lo quisiera afrontar y las concesionarias tampoco estamos por que se adopten soluciones impopulares", ha afirmado Alemany. Ahora bien, ha recordado al Estado que tiene otra salida. “Si las Administraciones desean hacer nuevas concesiones, estas generarán fondos para cancelar la deuda que se pueda producir”, ha sostenido.

Alemany ha señalado, no obstante, que el Estado deberá plantearse un nuevo “modelo homogéneo" de pago por uso en España que sea “sostenible”. Al respecto, el presidente del grupo ha tildado a España como una “isla” en el conjunto de Europa (“incluso en Portugal se han tarificado las vías gratuitas”, ha recordado), puesto que el 21% de las vías de gran capacidad del país son de pago, cuando en Francia o Italia esa proporción es superior al 80%. “El vencimiento de las concesiones, no solo las nuestras, que se iniciaron a finales de los sesenta o principios de los setenta, invita o obliga a replantear cómo va a seguir esto en el futuro”, ha añadido Alemany, quien ha recordado que, dadas las estrecheces presupuestarias de las administraciones, “es un momento especialmente bueno para replantearse el modelo”.

La compañía catalana presenta este lunes a sus accionistas los resultados del año pasado, en las que el tráfico en las autopistas del grupo se incrementó de forma global un 1,3%, en especial gracias al buen comportamiento de España y Chile y a pesar de la caída de Brasil. El vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, ha destacado que la compañía hoy está “internacionalizada”, de modo que el 34% de los ingresos proceden de Francia; el 26%, de España, y el 15%, de Brasil. La compañía invirtió el año pasado 2.600 millones de euros, Según Reynés, para este año prevé desembolsar como mínimo 3.400 millones de euos y lograr un crecimiento del resultado de dos dígitos.