La Fiscalía del Supremo investiga el aumento de los precios de la luz

La fiscalía anunció este viernes la apertura de una investigación civil para averiguar las razones de los sucesivos aumentos del precio de la electricidad en los últimos días, coincidiendo con la ola de frío que ha azotado a la mayor parte de España. El ministerio público ha optado por una vía relativamente poco frecuente, la de artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que le faculta para “ejercitar cualquier acción en defensa de los consumidores y usuarios”. En caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas.

El precio del megavatio/hora ha alcanzado esta semana su cota más elevada desde diciembre de 2013, con una media de 88 euros y picos de cerca de 100 euros a partir de las ocho de la tarde. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció el pasado miércoles que el recibo de la luz que soportan los hogares se encarecería en torno a 100 euros anuales debido a la escalada de precios en el mercado mayorista.

Nadal achacó el alza a una conjunción de factores, entre los que destacó el frío, la falta de agua y viento para la producción hidroeléctrica y eólica; además de otros como la subida artificial del precio del petróleo tras el acuerdo de la OPEP del 30 de noviembre y la paralización de una cuarta parte del parque nuclear de Francia.

La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación sobre “las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio que han experimentado en los últimos tiempos los recibos de la luz”. El ministerio público actúa al amparo del artículo 11.5 del Código Civil, que le permite emprender acciones de oficio —sin que medie una denuncia previa— en defensa de los consumidores y usuarios.

En su nota, la fiscalía también hace referencia a las llamadas “acciones de cesación”, contempladas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tras la reforma de marzo de 2014. Esta figura, procedente del derecho comunitario, tiene por objeto poner fin a las infracciones que perjudican a los intereses colectivos de los consumidores y está, en principio, contemplada para órganos administrativos —como las autoridades de Consumo autonómicas y nacionales— y asociaciones de usuarios.

El recurso a las acciones de cesación busca obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Según fuentes fiscales, lo que va a hacer el ministerio público es recopilar datos para ver si se dan los presupuestos para iniciar una acción colectiva, que, en su caso, se formalizaría a través de una demanda.

La vía elegida, pese a no ser muy frecuente, no es del todo desconocida. Ya en noviembre de 2012, la Fiscalía civil del Supremo emprendió acciones y exigió a los notarios y registradores de España a que devolvieran los aranceles cobrados de más a cientos de miles de clientes cuando cancelaron sus hipotecas.

Meses antes, en mayo de 2012, la Fiscalía Superior de Galicia preparó una demanda civil colectiva por el caso de las participaciones preferentes, en la que solicitó la nulidad de las cláusulas que sean consideradas abusivas. La demanda se presentó en nombre de 43.000 personas afectadas por las preferentes de Novagalicia Banco.

Denuncia de IU en la Fiscalía andaluza

En paralelo a estas diligencias, Izquierda Unida presentó este viernes en Sevilla una denuncia solicitando a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue a las compañías eléctricas por posibles prácticas fraudulentas. En el escrito, el partido cuestiona que, “en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas hayan modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía". “La fiscalía debe poner en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”, censuró el líder de esta formación en Andalucía, Antonio Maíllo.

En este sentido, el partido pone como ejemplo una sanción a Iberdrola con 25 millones de euros en 2015 por, en palabras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. En este caso, señala el partido, la compañía “retuvo el agua de sus presas en los embalses del Duero, Tajo y Sil para encarecer el precio del mercado”. “Los pormenores relatados por la CNMC y que dieron como consecuencia la imposición de la referida sanción, recurrida por la empresa, y las posteriores decisiones gubernamentales, se parecen mucho a lo que está sucediendo estos días”, se lee en el texto.

IU insiste en la denuncia que la regulación del mercado energético “favorece los intereses empresariales en detrimento de los usuarios”. “Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas", según la denuncia.

Asimismo, el partido pide al fiscal que investigue si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones.