El fiscal reprocha la “actitud depredadora” de los usuarios de las ‘black’

El fiscal Alejandro Luzón ha reprochado este lunes la “actitud primitiva, casi depredadora” de los consejeros y directivos de Caja Madrid que utilizaron para gastos personales las tarjetas para gastos de representación de la entidad. En su informe final, el representante del ministerio público ha insistido en la imposibilidad legal de que esas tarjetas pudieran ser un complemento retributivo, como sostienen la mayoría de los 65 exconsejeros y exdirectivos procesados en el caso de las tarjetas black. Luzón ha dicho, además, que la forma de actuar de aquellos consejeros que usaron la tarjeta tras su cese es "cercana al pillaje y la rapiña".

“Solo caben dos posibilidades: o las tarjetas eran para gastos de representación, como consta en las actas, o la expresión de gastos de representación se usaba a modo de eufemismo para ocultar lo que todos los consejeros entendían como tarjeta retributiva. La pregunta obligada es por qué no se dice llanamente en las actas que son retribuciones, un complemento retributivo, y la respuesta es clara: no podían decirlo, en tal caso hubieran hecho constar en acta una ilegalidad, porque los miembros del consejo no tenían posibilidad que la compensación por asistencia a los órganos de gobierno”, ha manifestado el fiscal.

Luzón ha recordado que las cajas de ahorro no tienen órganos de gobierno profesionales sino que estos estaban copados por “organismos representativos de la sociedad”. “Era un consejo muy politizado y poco profesional, pero los miembros del órgano de gobierno querían cobrar como profesionales”, ha afirmado el fiscal.

“Esta actitud primitiva, casi depredadora, se resume en un correo remitido por [el director financiero] Ildefonso Sánchez Barcoj al presidente Blesa en febrero de 2005: disfrutemos por si algún día llegan las vacas flacas”, ha recordado Luzón.

La fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de cuatro años y medio para su sucesor y presidente del Bankia, Rodrigo Rato por la emisión de las tarjetas black de la entidad, a la que consejeros y directivos de la caja cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El fiscal ha manifestado que Blesa, presidente ejecutivo entre 1996 y 2010, “aprovechó el sistema de compensación de gastos para continuarlo, perfeccionarlo, pervertirlo y convertirlo en un sistema opaco y manifiestamente ilegal”. Respecto a Rato, ha dicho que “le dio continuidad durante dos años y con la entidad en evidente crisis y perdió la oportunidad de acabar con la práctica cuando se constituye Bankia”.

El ministerio público ha rebajado este lunes su petición de condena para 18 de los 65 procesados que han ingresado en la cuenta de la Audiencia Nacional las cantidades de las que se sirvieron con este medio de pago desde el pasado 26 de septiembre, cuando se inició la vista oral. Entre las personas que ven reducida su petición fiscal figuran, entre otros, el director financiero de la caja, Ildefonso Sánchez Barcoj, el ex director general Matías Amat y el consejero José Manuel Fernández Norniella.

Otros cuatro acusados -Cándido Cerón, José María de la Riva, José María Arteta Vico y Luis Gabarda- ven minoradas las cantidades que la fiscalía pide que devuelvan, al considerarse acreditado que algunos de los cargos que se les atribuían fueron en realidad realizados por terceras personas que supuestamente clonaron sus tarjetas.

El fiscal ha reprochado también el hecho de que si los acusados entendían que las tarjetas black eran parte de su salario, no tributaran por ello a Hacienda. "Que todos los directivos omitieran las declaraciones es sencillamente inconcebible. Lo es en todo el contribuyente español responsable, pero mucho más en los acusados, que son catedráticos de economía, economistas, inspectores de Hacienda. Eran muy conscientes de que no podían hacer la declaración de la tarjeta porque pondrían de manifiesto una retribución ilegal, opaca o en b, como se la quiera llamar", ha dicho Luzón.

El juicio, que se inició el pasado 26 de septiembre, encara su recta final con la presentación de las conclusiones definitivas y los informes finales de las partes. 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a la acusación del fiscal Anticorrupción de apropiación indebida de 12 millones gastados en ropa, viajes de lujo o comidas en los más caros restaurantes. Hasta el comienzo de la vista oral solo se había devuelto el 14% del total gastado. En el juicio se ha debatido si las tarjetas eran parte del salario de los exdirectivos o era una retribución legal a los exconsejeros. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por considerarles, como expresidentes de las entidades quebradas, responsables del sistema de apropiación del dinero.