La CNMV abre una investigación sobre la especulación bursátil sobre el Popular

Continúa la película sobre el futuro del Banco Popular. Este martes la cotización subió dos céntimos (+2,08%), pero arrastra una caída del 74% desde enero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no tiene previsto prohibir la venta de acciones del banco a corto, una operativa en la que el inversor gana cuando los títulos descienden. Sin embargo, ha iniciado una investigación para determinar la propiedad del 8,6% de los títulos que ahora están en el mercado operando a corto, según han confirmado fuentes financieras, por si se estuvieran cometiendo irregularidades.

La legislación no prohíbe vender títulos que no son propiedad del inversor si, por ejemplo, se toman prestados. Esta operativa equivale a apostar a que las acciones van a bajar para después recomprarlas, devolver el préstamo y embolsarse la ganancia. Quien presta los títulos, por su parte, cobra por hacerlo. Pero la ley sí prohíbe ventas de títulos que no están en poder del inversor, ni siquiera prestados. Es lo que se entiende como actuar “al descubierto”.

Los inversores tienen posiciones bajistas declaradas por el equivalente al 8,6% del capital del Popular, lo que supone un máximo histórico, según los datos de la CNMV. Supone cuatro veces más de lo que sucede en otros competidores, como el Sabadell, donde las posiciones cortas suman el 2% del capital.

Si aumentan estos inversores bajistas su posición puede llegar a equivaler, en sentido contrario, a la del principal accionista del banco, la Sindicatura de Accionistas (que aglutina a unos 5.000 inversores), que tiene el 9,6%.

La investigación de la CNMV llega en paralelo a la campaña del principal accionista, el grupo mexicano capitaneado por Antonio del Valle, que controla el 4,25% del capital. Los títulos de estos inversores no están depositados en España.

Del Valle busca un cambio en la presidencia del Popular para relevar a Ángel Ron, al que le considera principal responsable de la complica situación del banco por su mala gestión bajo la crisis inmobiliaria. De esta forma, Del Valle facilitaría una fusión con otra entidad y así podría recuperar parte de los 450 millones que invirtió en el Popular, en buena parte perdidos. Fuentes financieras apuntan que otra posibilidad es que el grupo de Del Valle adquiera el banco por poco dinero si sigue descendiendo de precio. “Este grupo es el principal beneficiado de la peligrosa situación que vive el Popular porque está facilitando una opa y debilitando al presidente”, dice un directivo del sector que pide el anonimato.

Se acaba el tiempo para el banco

Pero el tiempo (y la cotización) corre en contra del Popular. Los supervisores y el Gobierno no ven con agrado “la solución mexicana” del Popular, es decir, que coloquen un ejecutivo clave en el banco o un presidente controlado por ellos. Pero hay nervios. El supervisor ha afirmado ante las autoridades políticas que el Popular es solvente y que no tiene problemas de liquidez. Otra cosa serán las provisiones, que podrían volver a ser un quebradero de cabeza (por insuficientes) si no se cumplen todos los planes prometidos en la última ampliación de capital de 2.500 millones.

Mientras tanto, fuentes internas apuntan que Ron estaría dispuesto a ceder la presidencia si se lo pidiera la mayoría del consejo y se presentara un sucesor que se considere idóneo. Ahora se ha sabido que Del Valle ofreció la presidencia a Emilio Saracho, vicepresidente mundial de JPMorgan hace un mes, pero este la rechazó.

Mientras se prolonga esta tensión, Del Valle busca aliarse con Allianz (3,31%), y Credit Mutuel (3,95%). Ya cuenta con el apoyo de José María Arias, que aporta otro 1,5% del capital. Fuentes internas creen que no hay que descartar un acuerdo a cuatro bandas ante los nervios con los que se está viviendo en el consejo este suspense.

Tanto las autoridades como el banco son conscientes de que la última bala del banco es sacar adelante el proyecto Sunrise, su banco malo con activos tóxicos por valor de 6.000 millones. En el Popular esperan tener la autorización del BCE a Sunrise para antes de que acabe el año. Además, tendrá que deshacerse de otros 12.000 millones para 2018 porque los activos problemáticos superan los 30.000 millones.

Pero si sigue cayendo la acción, no habrá tiempo ni para conocer el futuro de Sunrise. Eso es lo que quieren evitar en el Popular y parece que buscan otros. Aun así, si la entidad no obtiene apoyo de los bancos de inversión o los permisos de las autoridades, el futuro de la entidad será muy difícil.