EE UU pedirá la extradición del inversor Martín-Caro por obstrucción a la justicia

El gran jurado federal en Chicago ha acusado al inversor español Luis Martín-Caro Sánchez de perjurio y obstrucción a la justicia, por lo que pedirá su extradición a Estados Unidos. Martín-Caro fue investigado por la Securities Exchange Commission (SEC) por el presunto uso de información privilegiada con la que habría ganado 4,6 millones de dólares (4,16 millones de euros), pero un tribunal determinó en diciembre de 2011 que no había pruebas suficientes para condenarlo.

Sin embargo, la SEC continuó con el caso y encontró en Suiza una cuenta de Luis Martín-Caro en Zúrich en la que supuestamente habría recibido de uno de los colaboradores que participó en la compraventa de acciones. En un informe oficial de la SEC, dice que el español "a finales de 2010 recibió 100.000 euros en su cuenta de Zúrich de un amigo que se había beneficiado de aproximadamente 540,493 dólares (490.000 euros) con la venta de opciones sobre la empresa de fertilizantes Potash" que fue objeto de una opa por parte del gigante minero inglés BHP Billiton, como avanzó La Celosía.

Dos mentiras bajo juramento

La obstrucción a la justicia y el perjurio de Martín-Caro se origina, según el tribunal, en una declaración telefónica el 1 de julio de 2011, "en la que supuestamente mintió bajo juramento cuando negó conocer a otras personas que han comprado títulos de Potash antes de anuncio de la opa. También supuestamente mintió cuando negó conocer los números de teléfono de dos personas relacionadas con los oficios, que indican que Martín-Caro había llamado a cada uno de ellos en numerosas ocasiones en los días entre la oferta privada y pública del anuncio de Potash".

Luis Martín-Caro, que ha sido consejero de la empresa de su familia de calzado, Pablosky, trabaja en el sector financiero y es administrador de varias sociedades de inversión, así como de una Sicav, sociedad de inversión de capital variable en España.

Este gestor estuvo implicado en este caso con Juan José Fernández García, que trabajó como analista en el Banco Santander hasta que fue despedido cuando se destapó este asunto. También estuvo implicado, y continúa bajo investigación de la SEC, Cedric Cañas, el que fuera secretario de Alfredo Sáenz, ex consejero delegado del Santander. Este banco asesoró a BHP Billiton en la operación y recomendó la opa. Cañas pactó pagar 1,4 millones de euros a la SEC por uso de información privilegiada  para cerrar el caso. La Audiencia Nacional le consideró inocente.