EE UU acusa de fraude al exsecretario de Sáenz tras ser absuelto en España

Absuelto en España y con cargos que suman hasta 40 años de cárcel en Estados Unidos. El caso de uso de información privilegiada de Cedric Cañas, que fue asistente del ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, muestra claramente el diferente rigor a la hora de perseguir los fraudes en el mercado de valores en España y Estados Unidos.

Cañas fue absuelto en España por uso de información privilegiada en la compra de títulos de la canadiense Potash en una polémica sentencia que contó con un voto particular muy crítico. En Estados Unidos, sin embargo, pactó con la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) pagar una fuerte multa para cerrar una demanda del supervisor, con lo que parecía admitir su responsabilidad en el caso. Pero ni siquiera eso le ha servido para librarse de ser perseguido penalmente.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, y el director adjunto responsable de la oficina en Nueva York del FBI, Diego Rodríguez, anunciaron este martes a través de un comunicado que presentan dos cargos contra él por fraude de valores castigado cada uno de ellos con un máximo de 20 año de cárcel y cinco millones de dólares de multa. Cañas no está detenido y es difícil que EE UU pueda lograr su extradición tras haber sido juzgado en España por el mismo caso.

Como consecuencia de la investigación que inició el Banco Santander sobre estas operaciones, Cañas fue primero suspendido en agosto de 2010 y luego despedido en enero de 2011

El fiscal y el FBI le acusan de operar con valores con información privilegiada que obtuvo en el banco y de lograr con ello un beneficio de 917.239 dólares. "Como se alega, Cedric Cañas explotó su acceso a la información relevante no pública para comprar valores que razonablemente sabía que iban a aumentar su valor después de un anuncio público (...) y logró una ganancia de casi un millón de dólares. Trabajando con el FBI, continuaremos persiguiendo a aquellos que buscan obtener ganancias extraordinarias ilegales con información privilegiada", señaló Bharara, conocido como el sheriff de Wall Street, a través del comunicado.

"Cañas supuestamente basó su compra de acciones de Potash en información privilegiada obtenida ilegalmente que le proporcionó cerca de un millón en ganancias cuando todo estaba dicho y hecho. Sus acciones muestran la existencia de operaciones deshonestas que impiden efectivamente la equidad en el mercado. Hoy recordamos al público que el FBI y sus socios continuarán trabajando para restaurar y mantener la integridad de nuestros mercados financieros", añadió.

Un beneficio rápido

Cañas supo a principios de agosto de 2010 que el Santander estaba ayudando a la compañía angloaustraliana BHP Billiton a preparar una OPA sobre la canadiense Potash y se hizo con el equivalente a 30.000 acciones mediante contratos por diferencias, que exigen invertir poco dinero para tomar una posición muy grande. El 17 de agosto de 2010, cuando Potash comunicó que había recibido y rechazado una oferta de BHP las acciones se dispararon de 112,15 a 143,17 dólares. Cañas liquidó su posición ese mismo día con un beneficio de 917.239 dólares, una operativa que ha describió la SEC.

En España, la Audiencia Nacional sentenció que esa operación no suponía uso de información privilegiada. "El hecho de que el acusado Cedric Cañas haya obtenido una ganancia al operar con Potash no quiere decir que su conducta sea subsumible en el artículo 285 del Código Penal", que castiga el uso de información relevante para la cotización de cualquier clase de valores, según los jueces españoles.

Según la sentencia, en el juicio no se demostró que la naturaleza de la información ofrecida por BHP al Santander para que estudiase una financiación parcial de una hipotética opa fuera información relevante de la contemplada en el Código Penal. Y ello porque "una información es relevante si tiene la capacidad de alterar los precios de los valores a los que se refiere dicha información", algo que, sostenía el tribunal, no ocurrió en este caso, pese a que los títulos se dispararon un 25% con el anuncio de la opa rechazada. El tribunal alegaba que, tras retirarse la opa, las acciones no se derrumbaron.

Solo el magistrado José Ricardo de Prada se desmarcó de esa interpretación. En su voto particular señaló que Cañas disponía de "información privilegiada reservada solo para un grupo mínimo de personas". Información que abarcaba la de una OPA no solo "cierta y viable", sino también "inminente" y que "potencialmente podría tener una gran influencia en el precio de las acciones" y que por tanto debía ser condenado.