Los sindicatos piden a los partidos “convertir en ley” su propuesta de renta mínima

Justo el día antes de que CC OO y UGT presentaran en el Congreso muchas más de las firmas necesarias para poner en marcha la iniciativa (la ley exige medio millón de rúbricas), la encuesta de condiciones de vida puso de relieve varias de las consecuencias más duras de la crisis: casi el 30% de españoles está en riesgo de caer en la pobreza y la renta media de los hogares cae por quinto año consecutivo.

A estos datos recurrieron los líderes sindicales en sus discursos, en los que también añadieron la caída de la protección contra el desempleo en los últimos años y se plantaron en las puertas del Congreso, momentos antes de entregar las firmas, para exigir a los diputados que salgan elegidos el próximo 26 de junio “que no hagan oídos sordos. Es imprescindible que esto que hoy [por el 25 de mayo] llega al Congreso se convierta mañana en ley. Aquí hay necesidades perentorias de millones de personas”, reclamó Fernández Toxo, de CC OO.

“Que los partidos políticos no frustren la firma de tantos miles de personas por una iniciativa que es justa y necesaria”, ahondó Álvarez, de UGT, que apuntó que la nueva prestación no tendría que estar vinculada a la crisis sino que debía quedar consolidada en el sistema español de protección social.

La propuesta concreta de los dos sindicatos consiste en la creación de una nueva ayuda para 2,1 millones de beneficiarios, que llegaría a otros tantos hogares donde los ingresos anuales no superan el 75% del salario mínimo interprofesional (7.862,4 euros, ya que no incluyen en el cómputo las dos pagas extraordinarias). La factura total de esta prestación ascendería a unos 11.000 millones de euros al año, el equivalente a un 1% del Producto Interior Bruto. El dinero procedería de impuestos, no de cotizaciones sociales, aunque la prestación la gestionaría la Seguridad Social. Según sus cifras, esta renta alcanzaría a unos seis millones de personas que residen en estos hogares.

De salir intacta la nueva prestación que proponen los sindicatos —varios partidos políticos contienen en sus programas diversas fórmulas de rentas mínimas o básicas— será un derecho subjetivo, es decir, todo aquel que cumpla los requisitos tendrá que percibirla y no estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. En principio, sería compatible con el cobro de otras rentas (también los salarios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos) siempre que no superen el 75% del SMI. En cambio, sí que sería incompatible con el cobro de otras prestaciones de la Seguridad Social.

Mejor suerte

En su exposición, los sindicatos pidieron que la iniciativa que han presentado corra mejor suerte que la presentada por las mismas organizaciones en 2011 contra la reforma laboral del PSOE, que se “resolvió en un debate de 20 minutos”, lamentó Fernández Toxo.

Hace ya más de un año que los dos sindicatos mayoritarios pusieron en marcha su maquinaria para poner en pie esta iniciativa, a la vista de que el Ejecutivo no había concluido el mapa de prestaciones que se había comprometido a elaborar como paso previo a una reordenación de las mismas. Meses después, en septiembre, ya comenzaron a recoger firmas. En el camino se ha cruzado el disputado congreso de UGT, como el mismo Álvarez reconoció en su discurso