CaixaBank podrá lanzar la opa sobre BPI sin el límite del derecho de voto

El Ministerio portugués de Finanzas ya ha enviado a los bancos afectados y a la CMVM una reforma legal para que el límite de los derechos de votos en las empresas desaparezca en caso de que se lance una Oferta Pública de Acciones (opa) sobre el 75% del capital. Esa reforma beneficia las intenciones de CaixaBank en el banco BPI, que a principios de 2015 lanzó una opa con la condición previa de que los estatutos del banco eliminaran la limitación al 20% de los derechos de votos, independientemente del peso accionarial. El banco español no consiguió los dos tercios de los votos y desistió de presentar la opa.

CaixaBank tiene el 44% de BPI, frente el 18,5% de Santoro (sociedad de la angoleña Isabel dos Santos), pero ambos con los mismos derechos de voto, un 20%; Allianz tiene el 8,4% —suele posicionarse a favor de CaixaBank—, la familia portuguesa Violas un 2,7% y BIC, banco también propiedad de Isabel dos Santos, otro 2%.

Según uno de los autores del texto gubernamental, el objetivo no es acabar con la limitación de los derechos de votos en todas las empresas porque se considera un mecanismo útil para proteger al pequeño accionista, pero sí que pretende eliminarlo cuando impida tomar decisiones estratégicas.

El caso más importante desde hace unos años es el de BPI, por los diferentes intereses de CaixaBank e Isabel dos Santos, aunque también afectará a los estatutos del segundo banco del país, el BCP. Allí el mayor accionista es Sonangol (18,5%), la empresa petrolífera de Angola y, por tanto, bajo la total influencia de la familia Dos Santos, seguido de Sabadell (5%) y la eléctrica EDP (2,5%). Precisamente Sonangol emitió el miércoles un comunicado advirtiendo de que hay que tener cuidado al legislar, lo que fue interpretado como una velada amenaza del Gobierno de Angola.

Primero, la vía diplomática

Aunque se esperaba que el Consejo de Ministros del jueves aprobara ya esta reforma legislativa, el primer ministro António Costa prefiere agotar la vía diplomática; aunque sea bajo presión, prefiere un acuerdo entre el banco español y la empresaria angoleña, antes de que haya una obligación legal.

El acuerdo o la aprobación del cambio legislativa es contrarreloj. El 10 de abril acaba el plazo para que el BPI reduzca su riesgo en Angola, donde posee la mayoría del BFA —de donde procede la mitad de sus beneficios—, o para que cubra el 100% de todo su riesgo bancario en aquel país. En caso contrario, el BCE sancionará al BPI con una multa diaria que podría llegar hasta los 162.000 euros diarios, en un año la cuarta parte de sus beneficios.