El butanero, del mito al timo

Como la mayoría en este oficio en Barcelona, Ibrahim es paquistaní y los quintos sin ascensor terminaron partiéndole la espalda tras 15 años cargando bombonas. Así que se hizo autónomo, compró un camión y ahora espera sentado en la cabina todo el día a que dos compatriotas se pateen la calle a gritos para vender el género. Él se lleva 35 céntimos por botella (vende unas 80 al día) y los repartidores, las propinas y el sobreprecio que encasqueten al incauto de turno: la botella vale hoy 13,10 euros, pero llegan a venderla a 20. Ibrahim y todos los que se desgañitan a diario en cada esquina de España —la mayoría inmigrantes— son el eslabón más débil de la cadena de despropósitos por la que se rige el negocio del butano. Muchos de los entrevistados en este reportaje ni siquiera tienen contrato, otros uno falso por cantidades que jamás cobrarán o por un reducido número de horas que siempre exceden. En este submundo, que mueve 70 millones de bombonas al año, no hay facturas, recibos ni garantías de ningún tipo. Es la ley del butano.

Ibrahim (pide nombre ficticio para protegerse) la conoce bien. Él no gana ni para traerse a su familia de Pakistán. Con los 1.000 euros que saca al mes tiene que pagar la cuota de autónomos, la gasolina, el seguro y devolver a plazos a la distribuidora el préstamo por la desvencijada tartana que le vendieron por 18.000 euros. Además, tendría que hacer un contrato a los dos repartidores que trabajan con él, pero le llega solo para pagar a un abogado y que amañe uno falso por cantidades que nunca verán. Prefiere no hablar demasiado, pero utiliza un proverbio paquistaní para describir a la empresa para la que trabaja: “El elefante tiene dos dientes bonitos de marfil por fuera. Pero con el que muerde está escondido”.

Repsol y Cepsa tienen casi todo el mercado: el 75% y el 15% respectivamente

El paquidermo en cuestión son las compañías que se dedican a la distribución en España y que trabajan con unos márgenes exiguos debido a la bajada del precio fijado de la bombona de los últimos tiempos. “Pero ellos nunca pierden, se aprovechan de que somos inmigrantes y estamos atrapados”, señala mientras en el camión suena música paquistaní. Todavía 8 millones de hogares en España consumen butano, pero en 20 años estas empresas han pasado de 800 a 200. La fórmula aplicada por el Gobierno —liberalizar el mercado, pero fijar los precios cada dos meses— ha estrechado con el tiempo los márgenes y las condiciones laborales de los trabajadores. Ya no hay para todos. 

Así suele funcionar: la distribuidora compra las bombonas a la operadora y contrata a conductores autónomos, que buscan por su cuenta a su cuadrilla (casi siempre inmigrantes). A partir de ahí empieza la picaresca de cada uno para sacar más tajada. La asociación española de distribuidores no ha respondido a este periódico sobre el tema. Pero importantes fuentes del sector confirman que todo el mundo conoce estas prácticas y definen este mercado como "ancha es Castilla" y "tercermundista". "Se ha vuelto demasiado cutre y todos los saben", señala un directivo de una de las grandes empresas de gas licuado. Este periódico ha intentado comprar cinco veces una bombona de butano a los repartidores de la calle y ni una sola vez el precio demandado ha sido el oficial. Siempre en torno a 16 y 20 euros.

En el año 2000 se envasaban en España alrededor 1,5 millones de toneladas de butano y se vendían unos 170 millones de bombonas (aunque las que había en circulación eran 40 millones). Hoy la venta ha caído hasta unas 800.000 toneladas (unas 70 millones de bombonas vendidas y 30 millones en circulación). Las dos grandes operadoras de esta industria en declive (Repsol, con un 75%) y Cepsa (15%) se dedican a envasar y han cedido completamente el control del reparto a las distribuidoras. Aseguran que hacen lo que está en sus manos para controlar las condiciones en las que trabajan. Repsol responde, además, que no ha recibido ninguna queja por estas cuestiones en su oficina de atención al consumidor, pero que trabaja constantemente para que se preste adecuadamente el servicio. Pero una vez la operadora cede el control, el reparto a domicilio que están obligadas por ley se convierte en un magma de chanchullos y pequeños fraudes: sobreprecios, revisiones falsas, contratos sin sueldo, ni una sola factura y hasta vecinos que trapichean con bombonas.

A media mañana un hombre se acerca al camión de reparto aparcado en el Raval de Barcelona. Quiere unas bombonas para vendérselas a unos comercios de la zona. Cuenta que lleva haciéndolo mucho tiempo. Le distrae y se saca un dinero. El conductor asiente. Si paga, a él le da igual qué demonios haga con ellas, cuenta. Las venderá con sobreprecio, claro.

Unas calles más arriba, Adolfo (nombre ficticio), uno de los pocos butaneros españoles entrevistados, pasea con sus bombonas (de ambas compañías mezcladas). Lleva 14 años en este oficio, aunque hizo un parón para trabajar en una empresa de derribos. Nada comparado con la dureza de subir y bajar pisos con los 12,5 kilos al hombro, cuenta. Pero tenía un contrato. El de ahora es de solo dos horas. "Encima aquí dependemos del frío, en verano es mejor irse de vacaciones", bromea. Sabe que muchos cobran de más a los clientes. Hasta 20 euros, explica. "Y encima piden propina. Se aprovechan de la gente mayor. Suelen ser los extranjeros". Pero, al cabo de un rato, un español de su misma empresa pide 17 euros por la bombona.

El problema, se quejan en la Asociación Española de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP) es ese precio fijado que marca el Gobierno. La misma bombona, esgrimen, cuesta en Portugal 18 euros, en Francia 25 euros y 35 en Alemania. "Esos precios han valido para empresas como Repsol, que ya han amortizado sus envases y sus plantas. Al resto de los entrantes, como Cepsa, les cuesta. Este mercado ha ido a peor", señalan fuentes de la asociación. Además, piden que el Gobierno cree una bombona social para los desfavorecidos. “Si hay un 30% de gente que necesita ayuda, con los márgenes de una bombona libre de precio nosotros podemos costear una bombona social”.

Ninguno de los cinco repartidores consultados vendía la bombona al precio que marca la ley

El butano sigue siendo una energía asociada a un sector de la población más desfavorecido, de ahí a que ningún gobierno quiera eliminar los límites de precio. El importe cambia el tercer martes de cada dos meses y se publica en el BOE. Pero casi nadie en la calle se entera. Sin ese sobrecoste que algunos aplican intencionadamente y otros aceptan sin corregir al cliente, los repartidores no podrían vivir. Sin contrato, seguro ni sueldo fijo, nadie se partiría la espalda para subir a un quinto piso.