Las indemnizaciones en Novacaixa fueron “un acto de transparencia”

El excopresidente de Novacaixagalicia (NCG), Julio Fernández Gayoso, ha defendido que las prejubilaciones de 18,9 millones de euros concedidas a cuatro altos directivos de la entidad eran legales y se sometieron al examen de los órganos de control y del propio Banco de España. "Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran", ha añadido.

El antiguo responsable de Caixanova, que estuvo tres décadas al mando de la caja de Vigo como director y que aceptó la fusión con Caixa Galicia, su eterna rival de norte, se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a cuatro miembros de la cúpula de Novacaixagalicia que dejaron sus cargos tras recibir 18,9 millones de euros en prejubilaciones. En el proceso también está imputado el abogado Ricardo Pradas, que les asesoró para suscribir, tras la fusión, nuevos contratos de alta dirección.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal y que queden inhabilitados durante tres años para ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.

Absoluta justicia

Gayoso, cuya defensa ha solicitado que declare sentado por razones de salud (tiene 84 años), ha defendido que los contratos se adaptaron al plan de fusión y no conllevaron ninguna mejora para los directivos ni ningún "perjuicio" a la entidad. Él propuso extender sus condiciones al único cargo procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes, como un "acto de absoluta justicia".

Tras ello, el acusado ha puesto de relieve que sometió los contratos de alta dirección a la ratificación de la Comisión de Retribuciones y del Consejo de Administración, aunque no fuera necesario. "Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran los contratos de alta dirección existentes en las antiguas cajas", ha remachado.

Según ha rememorado, aquel 1 de diciembre de 2010 los consejeros de las cajas votaron a favor de ratificar esos textos y solo uno se opuso porque "estaba en contra de los contratos de alta dirección". "Veintiún consejeros parecían que entendían muy bien lo que estaban votando, menos uno que parece que no lo entendió", ha opinado.

"El consejero que quiso ver los contratos, los vio", ha indicado Fernández Gayoso, para agregar que el Banco de España estuvo "informado antes, durante y después" y que ninguno de los perceptores "pensaba ni quería irse" de la nueva entidad. Sin embargo, en el verano de 2011 se suscitaron dudas "razonables" de su continuidad y en septiembre abandonaron la caja fusionada. Entre ellos, José Luis Pego, exdirector, aceptó quedarse si se le ofrecía ser consejero delegado, cosa que no ocurrió y el cargo recayó en César González-Bueno.

"Yo no participé en nada"

En la segunda jornada del juicio también ha declarado el ex director general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, a quien se asignó una indemnización de 5,6 millones de euros, la segunda, más elevada. Según su testimonio la mejora de las condiciones económicas de los contratos era una "oferta de la entidad" y él podía aceptarla o no, pero "no tenía nada que negociar o corroborar".

En cualquier caso, ha puesto de relieve que quiso renunciar en dos ocasiones a la "parte que pensaba que no le correpondía por los servicios pasados", es decir, al 70% de la pensión y al 40% en concepto de prejubilación. Una renuncia que finalmente no se llevó a cabo.

Según ha dicho, el banco encargó la redacción de los contratos con las prejubilaciones al abogado Ricardo Pradas, que se encuentra acusado como cooperador necesario y que ha declarado en el juicio que él solo intervino en los "borradores", pero no en los acuerdos finales. "Yo no participé absolutamente en nada", ha agregado García de Paredes.

Este exdirectivo sostuvo que firmó el contrato convencido de su legalidad y que, previamente, había solicitado que siguiera las recomendaciones en política retributiva del Banco de España, órgano que examinó el impacto económico de los contratos cuestionados. Ha concluido que a fecha de agosto de 2011 no tenía intención de abandonar la nueva entidad pero un mes después extinguió su relación laboral.

La vista continuará este miércoles con el término de la declaración de Fernández Gayoso, a la que seguirán la del exdirector general de Novacaixagalicia José Luis Pego, la del exresponsable del grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y del antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.

Las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás piden además que los acusados devuelvan los 18.915.291 euros que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.