La construcción de carreteras y líneas AVE exigirá estudios de rentabilidad

La polémica sobre la inversión multimillonaria en las líneas de Alta Velocidad (AVE) se ha reactivado en las últimas semanas, de la mano de los informes de expertos, como los de la fundación Fedea, que cuestionó la viabilidad de los principales corredores de AVE en servicio, o de las propuestas de Ciudadanos, que plantea postergar la inversión pendiente para reorientar el gasto a políticas de innovación. El Gobierno del PP defendió la rentabilidad social y económica de la inversión en AVE, pero lo que sí dejó en evidencia el debate es la falta de estudios previos y públicos que justificasen las obras desarrolladas en las últimas décadas. Un vacío que el Ministerio de Fomento quiere llenar ahora mediante una nueva exigencia legal.   

La construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva carretera deberá estar avalada por un estudio previo de su retorno social y económico, según aseguró este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor. La obligación legal de realizar estos estudios se fijará en la nueva Ley Ferroviaria para el caso de las líneas de tren y en la Ley de Carreteras, para las vías de vehículos, ambas aprobadas en el Consejo de Ministros de esta semana.

"Una vez que entren en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico", aseguró Pastor en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En materia de carreteras, "no se construirán sin una rigurosa planificación previa que determine su eficiencia y su retorno económico y social", abundó.

Los investigadores de Fedea y otros expertos habían resaltado en numerosas ocasiones la ausencia de este tipo de informes para inversiones que, en el caso del AVE, suman más de 50.000 millones y que han llevado a España a tener la segunda mayor red del mundo, con 2.515 kilómetros en servicio y 1.200 en obras, solo detrás de China. Con sus propios números, los investigadores de Fedea llegaron a la conclusión de que no se recuperará la inversión hecha en los cuatro principales corredores, una conclusión que Fomento rebatió con rotundidad. Pero lo que sí es cierto es que no hay informes, o no se han hecho públicos, que justifiquen de formas previa estas inversiones.

Ahora sí los habrá, aunque al aplicarse solo a nuevos proyectos, su impacto a bote pronto será menor, sobre todo en el caso del AVE, donde solo completar el despliegue de las grandes líneas ya proyectadas y en construcción consumirá recursos públicos durante muchos años.

Además, la nueva Ley Ferroviaria tiene como objetivo aglutinar toda la normativa sobre el sector y flexibilizar los cánones para favorecer la entrada de nuevos operadores privados que compitan con Renfe en transporte de viajeros en tren. El texto establece también la obligación de realizar una planificación "rigurosa" de la construcción de nuevas infraestructuras a través de tres instrumentos.

PLANES QUINQUENALES FERROVIARIOS.

Por un lado, la Ley encomienda al Ministerio de Fomento la elaboración de la denominada 'Estrategia Indicativa', con que el Departamento debe realizar una planificación de las infraestructuras, tanto de su desarrollo, como de su mantenimiento y renovación.

Por su parte, Adif deberán diseñar su 'Programa de Actividad', un plan a cinco años en el que concretarán todas las actuaciones y obras que deberán acometer y fijarán una "previsión orientativa" de los cánones que cobrarán en ese periodo a los operadores ferroviarios por usar las vías de tren, las estaciones y el resto de las infraestructuras.

Fomento y Adif firmarán convenios en los que se establezcan los objetivos a alcanzar en la ejecución de dichos programas de infraestructuras y las aportaciones económicas que realizará el Estado.

Además de obligar a realizar esta planificación para construir nuevas líneas de tren, la Ley Ferroviaria flexibiliza el sistema de cánones para fomentar la entrada de operadores que compitan con Renfe justo cuando Fomento ultima abrir a nuevas empresas el AVE a Levante.

ANALISIS Y COTO A LA ESPECULACIÓN.

En cuanto a la nueva Ley de Carreteras, establece que las nuevas construcciones de vías deberán someterse a "un análisis previo de eficiencia e intermodalidad".

Asimismo, y con el fin de poner coto a especulaciones con los terrenos en los que anuncie la construcción de una carretera, la nueva Ley permitirá suspender temporalmente de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas que puedan afectar a la planificación viaria para evitar posibles actuaciones especulativas.

De igual forma, el Gobierno podrá declarar "nulas de pleno derecho" las decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.

Con estas medidas se busca impedir que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.