El G20 hace frente a los excesos fiscales

El fraude fiscal y la evasión de capitales de las multinacionales han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema y es responsabilidad de los líderes políticos restablecer el orden. Este fue el mensaje del secretario general de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, a los titulares de Economía del G20 reunidos en Cairns (Australia). Los ministros, que preparan este fin de semana la cumbre de países desarrollados y emergentes, que se celebrará en Brisbane en noviembre, ultiman un comunicado en el que formalizan su respaldo a las recomendaciones de la OCDE. “La erosión de la confianza que hemos visto tras la crisis viene de la percepción que tiene la gente que está sufriendo, que no tiene trabajo, de que no hay igualdad de condiciones”, aseguró Gurría, que añadió que “esta no es solo una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política”.

Corporaciones del sector tecnológico como Amazon, Google, Apple, Microsoft, compañías como Starbucks y otras multinacionales de todos los sectores montan complejos sistemas de ingeniería fiscal para trasladar sus beneficios a países con un tratamiento fiscal muy ventajoso. El resultado es que terminan pagando un porcentaje ridículo de sus ganancias en impuestos.

Los líderes del G20, reunidos en San Petersburgo (Rusia) hace un año, encargaron a la OCDE que propusiera un plan de acción contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios (bautizado como BEPS, en sus siglas en inglés). Desde entonces el organismo ha analizado los desafíos fiscales de un mundo en el que todos los países compiten con su fiscalidad. La OCDE estableció un paquete de 15 medidas para bloquear los resquicios legales por donde se diluyen los impuestos en la economía globalizada. Este martes presentó las primeras siete recomendaciones y ha fijado un calendario para presentar el resto de medidas a lo largo de 2015 para que comiencen a aplicarse en su conjunto a finales del próximo año.

Además, en paralelo, el club de los países más ricos del mundo trabaja con una cuarentena de estados más para poner en marcha en 2017 un sistema unificado de intercambio automático de datos fiscales.

Esto no es solo algo técnico, también es político Ángel Gurría (OCDE)

El anfitrión del evento, el tesorero australiano, Joe Hockey, resumió el objetivo de todas estas medidas: “El objetivo es asegurar que todas las compañías e industrias que obtienen beneficios en Australia paguen impuestos en Australia”. “Es absolutamente esencial que esto forme parte de la reunión de noviembre”, aseguró, en referencia a la resolución final del encuentro que los líderes del G20 tendrán en Brisbane, también en Australia, a mitad de noviembre.

Tras una reunión bilateral con la delegación británica, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, reveló que las conversaciones con Reino Unido sobre varios puntos espinosos de la lucha contra la evasión fiscal “han avanzado enormemente”. Una portavoz de la delegación española aseguró que el ministro de Economía, Luis de Guindos, apoya las propuestas de la OCDE en este foro.

El beneficio logrado en Australia tiene que tributar aquí Joe Hockey (tesorero de Australia)

Una de las propuestas más relevantes del documento presentado esta semana por la OCDE es “la obligación de las empresas de informar sobre su negocio segregado por países”. Las corporaciones tendrán que detallar ante la administración tributaria de cada país, en un formulario estandarizado, la cifra de negocio, los activos, los impuestos que paga, las plantillas, los derechos de propiedad intelectual y patentes (intangibles) que tienen en cada país. No obstante, la OCDE advierte de que los trabajos continuarán en 2015 para definir con detalle la información a suministrar.

El organismo que dirige el mexicano Ángel Gurría también ha analizado el impacto fiscal de la economía digital. Pese a que muchos expertos esperaban avances en esta área —que afecta sobre todo al tratamiento del comercio electrónico—, la OCDE concluye que esta actividad no difiere mucho de la economía real y aplaza al año que viene las medidas a adoptar. Pero abre la puerta a que puedan considerarse estos negocios como establecimientos permanentes en los países en los que opere. Traducido: si Amazon vende en España, tendrá que tributar por sus ventas en España y no desde otro país con fiscalidad más reducida como ahora.

Uno de los asuntos más complejostiene que ver con los “híbridos” —el tratamiento fiscal que dan los países a determinados instrumentos que puedan dar lugar a una “doble no imposición”—. Es decir, un préstamo participativo que en un país se considera como deuda mientras en otro estado es considerado como fondos propios. En el primer país permitiría obtener deducciones y en el otro dejaría exentos los dividendos. En este caso, la OCDE propone establecer cláusulas en los convenios para neutralizar estos efectos. España, por ejemplo, ya ha incluido algunas de estas propuestas en la reforma fiscal que está se tramita en el Parlamento.

Otro de los capítulos del documento tiene que ver con “el abuso de convenios” de doble imposición. El organismo con sede en París recomienda establecer cláusulas antiabuso en los convenios para evitar, por ejemplo, que sociedades intermedias se beneficien indebidamente de los beneficios de estos acuerdos.

La organización internacional también ha revisado el papel de los “regímenes preferentes perjudiciales” —medidas de los estados para atraer empresas—.

Este primer informe analiza los avances que han logrado los países en este sentido, sobre todo en la evaluación de “los intangibles” (derechos de propiedad intelectual y patentes). El criterio que se impone, defendido por EE UU y Reino Unido, es que ese derecho intangible está donde está quien lo crea o desarrolla.

No obstante, la organización internacional trabajará para identificar el valor y el tratamiento fiscal de estos activos. España pretende introducir algunas mejoras relativas al “patent box”, un incentivo fiscal que premia la innovación y el registro de patentes.

Por último, el órgano con sede en París abre la puerta a acordar un acuerdo multilateral, suscrito por los países, para que las medidas acordadas sean aplicadas sin necesidad de volver a negociar bilateralmente cada uno de los convenios de doble imposición.

El documento con las siete recomendaciones es un paso más en el proyecto para acotar las prácticas tributarias de las grandes multinacionales. Muchas de las medidas aún tienen que desarrollarse y concretarse, como son los gastos financieros, que tienen diferentes tratamientos entre países. Sin embargo, aunque el documento acordado por el G20 y la OCDE solo contiene recomendaciones, muchos países ya están cambiando la interpretación de sus acuerdos con otros estados —basados en estándares de la OCDE— para aplicar nuevas normas.