Rajoy defiende que la recuperación es “firme y cada vez más intensa”

La economía ha protagonizado el discurso con el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho balance de la primera mitad del año tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales. Rajoy reiteró los datos más recientes en crecimiento del PIB (0,6% en el segundo trimestre, el mayor avance desde 2007) y empleo (193.000 puestos de trabajo más que en 2013, el primer aumento anual en lo que va de crisis).  "La recuperación es firme y cada vez más intensa, no es un alarde de optimismo injustificado, ha llegado para quedarse", afirmó, "pisamos terreno sólido".

Rajoy confirmó que el Gobierno revisará al alza sus previsiones económicas en septiembre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anticipado que el crecimiento llegará al 2% anual en 2015 (ahora está en el 1,2%), aunque el presidente del Ejecutivo indicó que el nuevo pronóstico "todavía no está decidido". Pero el líder del PP asumió también que los avances macroeconómicos no tienen reflejo aún en la vida de muchos ciudadanos.

"Los efectos no han llegado a todos los españoles, los daños de esta crisis son ingentes. Pero los españoles tienen ahora un fundado derecho a la esperanza", abrió Rajoy. El mensaje se repitió al final de su discurso. "Soy consciente de que para muchos españoles la crisis no ha pasado, no soy insensible a esta situación", añadió. Pese a haber descendido ligeramente, la tasa de paro sigue en el 24,5% de la población activa.

“En menos de dos años, hemos pasado de ser una economía al borde de la quiebra, a una de las que más crecen”, recalcó Rajoy, quien sostuvo que en la creación de empleo “se ha producido un giro de 180 grados”. Y tiró de comparación: “Ahora crecemos al 1,2% y generamos un 1,1% más de empleo, cuando en 2011, en el tiempo de los llamados brotes verdes, se crecía un 0,6% y se perdía un 1,2% de empleo”. Aquí, el presidente enfatizó las consecuencias de las “reformas estructurales”, como la reforma laboral, que ha propiciado la devaluación de los salarios y empujado “la competitividad de la economía española”.

“Hay quien puede dudar de los méritos del Gobierno, pero no se debería ignorar el mérito extraordinario de todos los españoles”, afirmó Rajoy, quien aun así sí reivindicó que “una buena política económica ha permitido que estos esfuerzos no sean baldíos”.

El presidente del Gobierno mantuvo que “esto se ha hecho sin dejar desguarnecidos a los más débiles”. “Hemos mantenido las pensiones, otros no lo hicieron. Y países de nuestro entorno sometidos al rescate han tenido que bajarlas en un 10%”, añadió. El Gobierno del PP no actualizó las pensiones a la inflación en 2012, y ha limitado su aumento al 0,25% en los dos últimos ejercicios, el menor incremento en, al menos, tres décadas. Además ha aprobado una reforma para acompasar la evolución de las pensiones al aumento de la esperanza de vida, lo que arrojará un descenso de la pensión en relación al último salario, salvo que se adopten nuevas medidas.

Rajoy ha mantenido además que España ha sorteado lo peor de la crisis manteniendo “la sanidad pública y gratuita, la educación universal y las políticas de dependencia”, sin hacer mención aquí a los notables recortes realizados en estas áreas para encarrilar el déficit público.

El presidente del Gobierno enfatizó la necesidad de mantener las reformas para fortalecer la recuperación. E hizo referencia a la reforma fiscal que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. "Devolvemos 9.000 millones de euros al bolsillo de los contribuyentes", dijo Rajoy en referencia a la rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades. El líder del PP reivindicó el impuesto sobre la renta "beneficia a 20 millones de contribuyentes".

La reforma fiscal es uno de los principales proyectos de la legislatura. La modificación legal es amplia, aunque la mayoría de los expertos cree que le ha faltado ambición, una cuestión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no deja de rebatir por la necesidad de mantener el comprometido ajuste del déficit público. Rajoy ha insistido en el mismo argumento, y ha considerado que "la segunda parte de la reforma", con cambios en el impuesto de sucesiones o en transmisiones patriomoniales debería afrontarse "a principios de 2016", en la próxima legislatura. En esa misma razón, la "falta de recursos" y la necesidad de ajustar el déficit, justificó su decisión de aplazar la reforma de la financiación autonómica.

La reforma fiscal se sustenta en la reversión, casi completa, del recargo al IRPF que el Ejecutivo de Rajoy aprobó a finales de 2011, en su primer Consejo de Ministros, aunque esa rebaja del impuesto sobre la renta no se completará hasta 2016. La principal figura tributaria pasará de siete a cinco tramos y los tipos marginales en el tramo estatal (cada comunidad debe decidir qué hacer en su 50%) oscilará entre el 24% -hay un tipo del 20% para los 12.450 primeros euros, pero este tramo esta muy afectado por los mínimos familiares-, y el 45%, cuando ahora van del 24,75% al 52%. Otra diferencia crucial es que el tipo máximo se aplicará desde los 60.000 euros, y no desde los 300.000 euros, como ahora.

En síntesis, la rebaja es más acentuada para las rentas más bajas, y las más elevadas, aunque éstas seguirán pagando más que en 2011. Según cálculos de este periódico, para los contribuyentes que ingresan hasta 40.000 euros brutos al año, la rebaja en el IRPF será de unos 56 euros al mes en 2016 respecto a la situación actual.

El Gobierno estima que con esta reversión de la subida que aprobó a finales de 2011, la recaudación por IRPF bajará en 7.000 millones de euros. Aquí se incluye también el descenso del tipo que se aplica a las rentas del ahorro (el máximo pasará del 27% al 23%). Parte de los ingresos se compensarán con la limitación de algunas deducciones, como la que afecta a las indemnizaciones por despidos, aunque finalmente el Gobierno ha elevado el mínimo exento a 180.000 euros, lo que evitará la tributación al 99,9% de los potenciales contribuyentes.

Además, la reforma fiscal reduce del 30% al 25% el tipo del impuesto de sociedades, aunque el Gobierno mantiene la mayoría de las limitaciones a los beneficios fiscales que disfrutaban las empresas que ha incorporado a lo largo de la legislatura. Aquí, calcula una caída de recaudación de unos 2.000 millones, aunque, en general, el Ejecutivo cree que el repunte de la actividad económica amortiguará el descenso de ingresos públicos.