El Gobierno prepara un catastrazo para regularizar inmuebles

El Gobierno sigue buscando fórmulas para captar nuevos ingresos. Esta vez se ha fijado en los pisos irregulares que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Quiere regularizarlos para que los Ayuntamientos puedan cobrarlo y lograr más recursos para hacer frente a la crisis.

Para ello, el Grupo Popular en el Congreso presentó el pasado jueves sus enmiendas a la Ley de medidas tributarias que acompañan a los Presupuestos. Entre ellas se encuentra una que pretende regularizar los inmuebles rústicos o urbanos que no estén registrados en el catastro, así como las modificaciones sobre estos inmuebles. Los contribuyentes podrán regularizarlos pagando una tasa de solo 60 euros. "El proceso de regularización se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación se comunicará a los interesados", señala la emnienda al artículo 16 de la Ley de Medidas Tributarias presentada por el PP. Este artículo ya permitía a los municipios aumentar los coeficientes del IBI para aumentar los recibos de la contribución urbana.

"Se trata de la tercera amnistía del PP de Montoro. Es el rey de las amnistías fiscales. Primero aprobó la de las rentas no declaradas para los evasores con bienes en el extranjero, después la repatriación de dividendos de paraisos fiscales y ahora esta amnistía urbanística", lamenta el diputado socialista, Pedro Saura, quien recuerda que "una política impositiva debe asentarse sobre principios morales y con las amnistías se quiebra". El portavoz socialista de asuntos de Hacienda en el Congreso sentencia: "Es una medida injusta pero además es indecente.Se permite regularizar con 60 euros cuando la sanción máxima era hasta de 6.000 euros. Y además  no se tiene en cuenta las circunstancias personales ni las rentas. Cuesta igual regularizar un chalé en Marbella que la ampliación de una granja".

La medida impulsada por el Gobierno, que será aprobada por la holgada mayoría del PP en el Congreso, permitirá regularizar bienes que no estén registrados en el Catastro. No obstante, según Hacienda, no se podrán regularizar inmuebles que no cumplan las normas urbanísticas locales de cada Ayuntamiento. Por eso, su impacto podría ser reducido ya que la mayoría de viviendas no registradas incumplen normas urbanísticas.Es por ejemplo, el caso de la Cañada Real Galiana en Madrid, en la que hay cerca de 40.000 inmuebles e infraviviendas irregulares. De no existir este requisito en la norma, se podría legalizar estas viviendas pagando solo 60 euros y pagando el IBI correspondiente.

"Se abre una vía para que los que tengan un inmueble que no esté registrado en el catastro, o que por ejemplo hayan hecho una ampliación de un local y no lo hayan comunicado puedan hacerlo de forma fácil", explican fuentes de Hacienda. El Gobierno carece de una valoración sobre el impacto de la medida podría tener en las arcas públicas ni de cuantos inmuebles podrían verse afectados.

"Existe una realidad inmobiliaria no declarada (como construcciones, rehabilitaciones, mejoras...) que en la medida en que no se ha incorporado al Catastro no es objeto de tributación, ni en el IBI, ni en el IRPF con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas", señala la justificación de la enmienda presentada por el PP.

El procedimiento se aplicará en los municipios que determine la Dirección General del Catastro antes del 31 de diciembre de 2016. Es decir, se conceden cuatro años para regularizar los inmuebles. Además, la regularización catastral "excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podido erigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos".