El Supremo rehabilita al juez Urquía, aún con condena pendiente

Francisco Javier de Urquía, condenado en dos ocasiones por recibir sobornos mientras ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, volverá a ejercer como juez.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial, una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó la única sentencia hecha firme hasta ahora, y ha anulado las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenerlo apartado de la profesión.

El juez Urquía, de 43 años, no puede tener queja del Tribunal Supremo, donde ha conseguido ya dos resoluciones muy favorables y en donde tiene aún pendiente de revisión una condena por dejarse sobornar para poner en libertad a un preso en una causa que él instruía. La Sala de lo Penal del Supremo ya le rebajó sustancialmente la pena que le puso en julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación.

El Supremo anula la decisión del CGPJ de mantenerlo apartado hasta 2012

Urquía volverá a ser suspendido como juez si se hace firme su segunda condena

El tribunal consideró probado que De Urquía aceptó 73.8000 euros de Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el caso Malaya que actualmente se está en fase de juicio. Aquel dinero le ayudó a comprar una vivienda a cambio de favores judiciales. Pocos días después de que el 17 de marzo de 2006 el magistrado firmara el contrato de compra de la vivienda y entregara dicha cantidad, prohibió la emisión de un programa de televisión que incomodaba a Roca.

El Supremo enmendó la condena del tribunal andaluz. Entendió que no había prevaricación y la dejó solo en 21 meses de suspensión profesional por cohecho. Una vez cumplidos estos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de 2012.

Urquía puso un recurso contencioso contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, resuelto ahora por el Supremo. La sentencia llama la atención sobre un "vacío legislativo", ya que no hay ningún precepto en la legislación que impida el reingreso de un juez suspendido que tenga antecedentes penales. No tenerlos es un requisito exigido solo para el acceso a la carrera judicial, no así para quien ya ingresó, lo que supone "una especie de limbo jurídico", en casos como este, según la Sala.

Resulta además muy llamativo que este derecho a ejercer como juez se le reconozca a Urquía cuando aún tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 114.000 euros también por prevaricación y cohecho a la que le condenó el TSJA en junio de 2010.

En este caso, Urquía cobró 60.000 euros para dejar en libertad bajo fianza a tres imputados en el caso Hidalgo que él instruía por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

El CGPJ abrió por esta causa otro expediente disciplinario a Urquía cuando se dictó la apertura de juicio, pero no puede sustanciarse hasta que el Supremo dicte sentencia firme porque la causa penal tiene preferencia. Si sale absuelto, se archiva, pero si hay condena, se considera una falta muy grave, por lo que el regreso a la judicatura de Urquía puede ser solo temporal.