El Gobierno argentino crea una ley para controlar el papel prensa

La batalla del Gobierno argentino por el control de la empresa Papel Prensa, propiedad de dos de los diarios más importantes del país, Clarín y La Nación, está a punto de finalizar. En menos de 48 horas, la Cámara de Diputados aprobó el texto de la ley que declara de "interés público" la producción, comercialización y distribución de papel para diarios y revistas y establece unas condiciones de funcionamiento tales que facilita que el Estado se convierta en el socio mayoritario de esa empresa. Ahora solo falta que, en el plazo obligado de una semana, el pleno del Senado dé su visto bueno final.

La nueva ley ha sido tramitada a una velocidad inusual, tras la gran victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner, forzando hasta el límite las normas procedimentales. El texto legal establece unas condiciones específicas para una empresa concreta, Papel Prensa, que fabrica actualmente unas 175.000 toneladas de las cerca de 230.000 que consume todo el sector. El resto, se importa libremente, sin problemas, dado que no existe arancel ni cupos.

La ley obliga a la empresa a ofrecer un precio único, al margen del volumen del consumo, y a presentar un plan de inversiones cada tres años destinado a alcanzar y garantizar el abastecimiento total de la demanda. Si los accionistas privados no invirtieran, el Estado, que ya posee un pequeño porcentaje, podría cubrir esas cantidades, haciéndose con el control final.

Los actuales propietarios, Clarín y La Nación, consideran que se trata de una ley confiscatoria, que atenta contra la propiedad privada y que dejará en manos del Gobierno la posibilidad de castigar a los medios críticos. El grupo oficialista que defendió el proyecto de ley y que logró que se aprobara, tras siete horas de debate, por 134 votos a favor y 92 votos en contra, asegura, por el contrario, que se trata de garantizar el abastecimiento en igualdad de condiciones a los periódicos más pequeños.

El portavoz del principal partido de la oposición, Unión Cívica Radical, Juan Pedro Tunessi, vaticinó que la ley será utilizada "para cercenar ideas y no solo las de Clarín, sino la de cualquiera que sea distinta al oficialismo". El diputado radical Ricardo Gil Lavedra, prestigioso jurista, adelantó, por su parte, que "mientras haya jueces en Argentina" la ley no prosperará, porque "viola la Constitución y los tratados internacionales firmados por el país".

Julio Saguier, presidente de La Nación, declaró a EL PAÍS que su empresa no se opone a que se promueva la instalación de otras fábricas ni a que los diarios más pequeños sean subsidiados. "Nos oponemos a que una sociedad anónima privada se vea transformada en un monopolio estatal", aseguró. "Para saber cómo va a distribuir el Gobierno el papel prensa, solo hay que observar cómo se ha asignado la publicidad oficial; se premia a quienes publican lo que se les dicta y se castiga a los que no se alinean con el discurso oficial".

Papel Prensa ha sido objeto de una formidable polémica, promovida por Cristina Fernández, dentro de la guerra que mantiene con su antiguo aliado, el principal grupo mediático argentino, Clarín. El Gobierno kirchnerista llegó incluso a financiar una miniserie de televisión sobre el tema, que se emitió recientemente. En un primer momento, la Secretaría de Comercio, dirigida por Guillermo Moreno, elaboró un informe titulado Papel Prensa. La Verdad, en el que se aseguraba que los accionistas actuales se habían hecho con la propiedad gracias a un acuerdo con la dictadura militar y de manera coercitiva, mientras se torturaba a la viuda del primer dueño.

El informe, alabado y apoyado por la presidenta, trasladó a la Justicia la grave acusación de delito de lesa humanidad. El primer juez consideró que no había causa para inculpar a los accionistas y aunque el caso permanece abierto en otra instancia judicial, no se ha producido ningún avance significativo. Tampoco prosperó el intento de hacerse con el control de Papel Prensa a través de una intervención de índole comercial, que rechazó el tribunal correspondiente. Según Julio Salguier, "el Gobierno montó una patraña manipulando una causa universal que, como tal, jamás debería ponerse al servicio de persecuciones particulares".

Finalmente, será una ley la que permita al Gobierno controlar la empresa, mediante la declaración del papel prensa como un bien de interés público, la misma figura que se aplicó en su día a las retransmisiones televisivas de partidos de fútbol, que dejaron de ser de pago y explotadas por el grupo Clarín, para emitirse en abierto, mediante pago del Estado a la Asociación de Fútbol Argentino.