Marbella retiene más de 40 fincas de casos judiciales

La lentitud de la justicia y los efectos de la crisis económica están haciendo que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) recupere lentamente los frutos del expolio de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Hasta el momento, el Consistorio mantiene bloqueadas más de 40 propiedades inmobiliarias, entre las que hay grandes fincas, viviendas, locales comerciales o garajes, y ha recuperado un millón de euros en efectivo. En su afán por conseguir hasta el último céntimo esquilmado, los servicios jurídicos han embargado siete vehículos, planes de jubilación, pequeños paquetes de acciones y pensiones.

El equipo de gobierno, del PP, calcula que la ciudad podría recibir unos 100 millones de euros por las sentencias judiciales que hay hasta ahora firmes en favor del Consistorio. Solo en procedimientos del Tribunal de Cuentas hay embargadas propiedades que buscan garantizar el cobro de más de 11 millones.

La regidora intenta que el Estado acepte bienes para pagar deuda municipal

Algunas de las fincas están bloqueadas por procedimientos con sentencia firme, como el caso Saqueo. Por esta causa, tres de los hombres fuertes del gilismo entre 1991 y 1995 -el exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra, y el contable Manuel Jorge Castel- tienen que devolver solidariamente 24,3 millones de euros al Consistorio. Para afrontar estos pagos, se han embargado cuatro fincas del abogado Sierra, antigua mano derecha del exalcalde Jesús Gil. Al contable Castel le han bloqueado una cuenta bancaria, que consideran "bajo su dominio", y un piso en la calle Goya de Madrid.

Juan Antonio Roca Nicolás les ha enviado 600.000 euros en efectivo, también por el caso Saqueo. El dinero llegó a comienzos de octubre en dos cheques de 300.000 euros y se sacó de los beneficios de sus sociedades, sometidas a una administración judicial desde su detención. La suma se entregó atendiendo "al deseo expreso de Roca" de satisfacer su condena y "dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento".

Los esfuerzos no han resultado tan fructíferos con otros implicados, como el exalcalde Julián Muñoz, del que solo han logrado 7.101 euros en efectivo. Ese dinero se ha cobrado por una condena del Tribunal de Cuentas que le obliga a pagar 3,5 millones, junto a Esteban Guzmán Lanzat y Modesto Perodia. Los servicios jurídicos también le han inmovilizado un tercio de dos fincas por otra sentencia por la que debe entregar otros 144.000 euros junto con tres personas.

En el gobierno marbellí insisten en que todos los esfuerzos se dirigen a conseguir el pago de la deuda de 300 millones que mantienen con la Seguridad Social y Hacienda y que heredaron de la época GIL. "Aunque se paga, los intereses de demora siguen creciendo, y se llevan más de un millón de euros al mes", aseguran.

Hasta el momento, no han conseguido que el Estado acepte la entrega de propiedades como parte del pago. Esta negativa, que el gobierno marbellí tilda de "falta de flexibilidad", demora considerablemente el camino para conseguir liquidez, ya que, una vez ejecutadas las sentencias, debe ser el propio municipio quien saque a la venta los bienes.

La alcaldesa Ángeles Muñoz tiene esperanzas de que el futuro Gobierno de Mariano Rajoy sea más sensible con la situación del municipio. "Ese lastre está impidiendo que avance la ciudad porque se están dedicando recursos ordinarios para hacer los pagos", explican fuentes municipales. El 16% de su presupuesto para 2012, 35 de 232 millones de euros, se destinará a pagar deuda.

Hace apenas un mes que el portavoz el equipo de gobierno, Félix Romero, anunció que pediría a la Seguridad Social que se encargue de cobrar los 2,4 millones que la sociedad Promociones Futbolísticas SA debe pagarles por el caso Saqueo. El edil consideró que a la Tesorería de la Seguridad Social le iba a resultar más fácil porque ya tiene un acuerdo con la empresa. La medida implicaría que esa cantidad se restase inmediatamente de la deuda total y dejaran de pagar los intereses.

Los embargos también se extienden a los casos pendientes de juzgar. Al antiguo primer teniente de alcalde del GIL, Pedro Román, le han inmovilizado de 13 propiedades por una pieza separada del caso Malaya. Dos de ellas tienen doble anotación de embargo, ya que la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado que se bloqueen cautelarmente por el caso Saqueo 2, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional. En este procedimiento, que estudiará el vaciado de las arcas marbellíes entre 1994 y 1999, el Consistorio reclama una indemnización de 70 millones. Otra de las propiedades de Román, una finca de casi 5.000 metros cuadrados situada en Marbella, también está trabada para satisfacer la responsabilidad civil que el tribunal de Malaya imponga a su propietario.