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Caballero prorroga la concesión del servicio del agua para obtener fondos

El PP considera la iniciativa "el mayor escándalo" de la historia municipal

Una Xunta de Goberno extraordinaria aprobó ayer una prórroga de cinco años en el contrato de concesión del servicio de aguas (saneamiento y abastecimiento) de Vigo con Aqualia, que debería acabar en 2015. Con ello, según el alcalde, Abel Caballero, el Ayuntamiento podrá evitarse el gasto de 10,2 millones de euros en la compra de terrenos para la nueva depuradora -operación que realizará la concesionaria-, se ahorrará otros 45 millones de IVA, que tendría que pagar cuando recepcione esa infraestructura, y podrá beneficiarse de otras inversiones que realizará la concesionaria hasta sumar un total de 80,8 millones de euros.

Las obligaciones inversoras de Aqualia hasta 2015, derivadas del contrato de concesión, están agotadas en su totalidad desde antes de 2007, en que Caballero accedió a la alcaldía, según informó ayer el regidor, que criticó por ello la "negligencia temeraria" de los gobiernos municipales que le precedieron. A su vez, Caballero ve en esa opción de la prórroga una manera de compensar la falta de fondos municipales para acometer inversiones y asegura que no tendrá ninguna repercusión sobre la actual tarifa del agua, "que no tiene nada que ver con esto, aunque en algún momento habrá que revisarla", afirmó.

El PP, sin embargo, a través del concejal Antonio Bernárdez, acusó al regidor de adoptar la decisión "con premeditación, nocturnidad y alevosía" y tachó la iniciativa como "el mayor escándalo" de la historia municipal, ya que la prórroga de la concesión impedirá una nueva adjudicación del servicio en 2015 -se supone que en condiciones mucho más ventajosas para los ciudadanos que las actuales- y "condena a los vigueses a pagar más cara el agua hasta 2020".

Los vecinos "seguirán pagando las tarifas más caras de Galicia", dijo Bernárdez, "por un agua que no se consume y no por su coste real", ya que Aqualia cobra un mínimo mensual de tres metros cúbicos, que en muchos domicilios no llega a gastarse. Para el PP la repentina decisión del alcalde es una "turbia operación". El BNG, según su portavoz, Santiago Domínguez, ya anunció que votará en contra de la prórroga del contrato "sin ningún tipo de duda" en el pleno municipal extraordinario convocado a ese efecto para mañana. "Si por la ampliación de la concesión Aqualia está dispuesta a invertir 36 millones, que la gente eche cuentas de lo que puede ganar cada año", dijo.

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